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ció en la provincia en la cual ejercen jurisdicción, pero 

 sí lo podrán en las demás. 



En cuanto a la pena es la de comiso, y uno de los 

 pocos casas en que la pena de comiso es pena principal. 



La disposición consignada en el art. 231 tiene por 

 objeto conservar la independencia o imparcialidad de los 

 jueces, y por ésto se les prohibe constituirse deudor de 

 alguna de las partes, hacer fiador a alguna de ellas o 

 contraer obligación pecuniaria con ellas. 



Para que el Magistrado o Juez sea responsable de 

 esta infracción es necesario que proceda a sabiendas, con- 

 dición que da el carácter de ilícito al hecho; pues de lo 

 contrario no hay la voluntad ni el conocimiento; y por lo 

 mismo, la intención. 



Si esta disposición tiene por objeto conservar la in- 

 dependencia e imparcialidad de los jueces, no pueden 

 caer en el delito sino cuando la ob!iga:ión se contraiga 

 mientras se agite el pleito, proceso o negocio. 



Si el juez fuere deudor de algunas de las partes y 

 hubiere contraído la deuda antes del pleito, deberá excu- 

 sarse; y si no lo hace se hará reo del delito previsto en 

 el art. 238, y no del castigado en el art. 231. 



Los arts. 232 y 233 preven un abuso especial de 

 parte de un empleado público: solicitar a una mujer que 

 tenga pretericiones pendientes de la resolución del em 

 pleado, o que esté sujeta a su guarda o fuere esposa, hija 

 madre o hermana de la persona que estuviere bajo su 

 guarda; tres casos distintos, siendo los dos últimos de 

 mayor gravedad que el primero. 



El empleado público que solicite a una mujer que 

 tiene pretenciones pendientes de su resolución, se pone 

 en el caso de violar su imparcialidad o independencia; pe- 

 ro el que solicita a una mujer que tiene bajo su guarda, 

 abusa indudablemente de su situación para conseguir su 

 objeto, y aun cuando no lo consiga ha verificado un acto 

 delictuoso. 



( Continuará) 



