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él tiene otro en el «San Pedro», en el cual el primero 

 desemboca, y que va a sufrir perjuicio con la nueva 

 acequia? Y si esto se sostiene, tendremos que, como 

 es necesario para obtener las aguas de uso público el 

 consentimiento, o siquiera la no oposición de todos los 

 demás poseedores de la misma corriente, para abrir el 

 bocacaz en el Maehángara es menester la voluntad de 

 todos los diversos poseedores y dueños de aguas en to- 

 do EL SISTEMA FLUVIAL, y que podría oponerse un ri- 

 bereño del Esmeraldas, «porque éste y el Machan gara 

 son una misma corriente». (II) 



Como esto es evidentemente absurdo, hay que con- 

 venir en que son corrientes distintas, es decir que cada 

 caudal muere, como tai,, al incorporarse a otro. Lue- 

 go, si esto sucede dentro de la misma heredad en que 

 nace, dicho caudal es de dominio privado, conforme al 

 Código Civil. 



Nótese que, en todo caso, lo que afirmamos es que 

 esas aguas que nacen en una heredad y dentro de ella 

 desembocan' en otra corriente, pertenece al dueño de la 

 heredad (por cuanto mueren dentro de ella); pero, bien 

 entendido, sin perjuicio de los derechos legal y an ferio* - 

 mente adquiridos. De lo contrario, la argumentación 

 que antecede, a más de no ser tal, sino en absoluto im- 

 pertinente, sería de monstruosas consecuencias que 

 echarían a rodar todo el sistema de nuestra legislación, 

 todo el edificio de la propiedad privada. Quiere decir, 

 en otros términos, que «en todo el trayecto de la co- 

 rriente, desde su nacimiento hasta la desembocadura o 

 incorporación en la otra, nadie puede pretender adqui- 

 rir la propiedad del agua, sino el dueño de la heredad 

 — o con su consentimiento — porque no es de dominio 

 público». Llegará a serlo en el momento mismo de su 

 incorporación a la nueva corriente; entonces podrá >«> 

 licitarla el que la necesite, antes no. 



En el año pasado, el señor Director General de 

 Fomento Agrícola, obedeciendo una disposición del 

 Congreso, sometió al ilustrado dictamen déla Academia 

 de Abogados, un proyecto de «Ley de Aguas», y esa 

 docta corporación., no sólo emitió su informe sobre di- 



