CAPÍTULO IL ki 



temer de esta potencia para no imprimir un carácter 

 militar á sus colonias , y por una real cédula de 23 de 

 octubre de 1806 estaba mandado que en todos los 

 vireynatos y gobiernos, aunque hubiese Real Audiencia, 

 recayese el mando político y militar y la Presidencia 

 (en caso de muerte, ausencia ó enfermedad del pro- 

 pietario ) en el oficial de mayor graduación , con tal 

 que no fuese menos que coronel efectivo, y si S. M. 

 no habia nombrado, por pliego de providencia ó de 

 otro modo al que debia suceder ; y que en el caso de no 

 haber oficial de dicha ó mayor graduación , recayese el 

 mando en el Rejente ó en el oidor decano , y no en el 

 Acuerdo. 



Esta real cédula , tan clara y terminante , fué sin 

 embargo interpretada en estraña manera por todos los 

 oidores, que sostuvieron se limitaba su tenor á la capi- 

 tal , y de ningún modo á lo restante del país. Fundados 

 en este falso raciocinio , se atrevieron á proclamar á su 

 rejente por capitán jeneral y gobernador del reino, y 

 el mismo dia, después de haber sido reconocido como 

 tal por el Ayuntamiento, que le entregó el bastón de 

 costumbre, se apresuraron á dar aviso á todas las admi- 

 nistraciones, como también á los vireyes del Perú y de 

 Buenos-Aires. 



Este nombramiento era completamente ilegal y visi- 

 blemente contrario á las intenciones del gobierno que, 

 en su delicada posición , necesitaba mas de un militar 

 que de un majistrado. Por esta razón, muchos jefes, 

 entonces empleados en la provincia de Concepción, se 

 apresuraron á representar incontinente, protestando con- 

 tra un acto evidente de mala fe y de injusticia. Dos de 

 estos jefes tenian los títulos mas lejítimos, según el 



