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quitasen las tierras que cultivara y le redujesen á esclavi- 

 tud. Una protección semejante revela ciertamente senti- 

 mientos en alto grado humanitarios y un fin colonizador 

 benéfico, que por sí constituye una gloria de nuestra do- 

 minación en Filipinas desde la época de su descubrimien- 

 to hasta la actualidad. El inclinar, sin embargo, casi siem- 

 pre el fiel de la balanza á la parte del indio cuando sur- 

 gen reclamaciones acerca de la concesión de los terrenos, 

 que pretende tener ocupados y cuyos productos manifies- 

 ta necesitar para su subsistencia, opone no pocos obs- 

 táculos á que el europeo los adquiera. Antes de dar algu- 

 nos detalles sobre la tramitación de estos asuntos, permi- 

 ta V. E. al que suscribe echar una ojeada rápida sobre la 

 legislación que rige en la materia. 



En la ley 36.'' del título xviii, lib. 11 de la Recopi- 

 lación de Indias, dada en 1571 y confirmada en 1680, se 

 pone al indio al abrigo de toda usurpación de terrenos 

 por parte de los concesionarios, expresándose que se le 

 proteja y no se le cause el menor daíío ó molestia, y que 

 en todos los casos se oiga, al hacer información, á los que 

 pudieran resultar perjudicados, atendiendo al derecho que 

 á las tierras pretendidas aleguen, siendo los fiscales de las 

 Audiencias los llamados á hacerlo valer. Algo más mi- 

 nuciosa es la ley i." del tít. xii, lib. iv, que al ocuparse del 

 repartimiento de tierras entre los escuderos y peones que 

 pasáran á Ultramar para fundar colonias, les concede la 

 plena propiedad de las mismas á los cuatro anos de mo- 

 rarlas y labrarlas. Es curiosa la siguiente frase con que 

 terminan las ordenanzas adjuntas á la ley: «2" ordenamos 

 que se haga el repartimiento de forma que todos participen 



