ANALES DEL MINISTERIO DE FOÍkIENTO. 
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der sobre tales minas los privilegios concedidos, deberán com. 
prar ó adquirir legalmente los intereses de los dueños primitivos, 
dando conocimiento de ello al Tribunal de Minería respectivo^ y en- 
tonces podrán extender los privilegios á las mencionadas minas. » 
Sea cual fuere el juicio que merezca en la imparcial bistoriala 
dictadura del general Sauta-Anna, es preciso convenir en que 
la mayor parte de su gabinete estuvo formado de personas muy 
notables i^or su ilustración, éntrelas que figuraron eruditos ju- 
risconsultos. Pues bien: el anterior decreto por ellas formado, no 
deja duda de que se expidió bajo la base de que, conforme á la 
legislación vigente, el dominio de las minas de carbón correspon- 
día radicalmente al Estado, y se adquirían comunmente j;or 
nuneio ¡/posesión con arreglo á las Ordenanzas, y con interven- 
ción de los Tribunales de Minería. 
Mas si alguna duda pudiera suscitar la circunstancia de haber 
sido dictatorial aquel Gobierno, quedarla destruida por los de- 
cretos de 10 de Diciembre de 1855, 28 de Enero de 1850 y 27 de 
Junio de 1857, confirmando este último, con ligeras modificacio- 
nes, el privilegio de que se hizo mérito, concedido por el general 
Santa- Auna, y otorgando los demás otras concesiones de igual 
género, en todos los cuales se repiten los mismos conceptos so- 
bre la adquisición de las minas de carbón de piedra por denun- 
cio y t)osesion, conforme á las leyes de Minería. 
Por último, la multitud de concesiones para construir vias 
férreas, expedidas desde algunos anos, contienen generalmen- 
te un artículo por el que se adjudica á las compañías construc- 
toras las minas de oro, plata y demás metales, las de carbón de 
piedra, etc., denunciándolas y tomando posesión conforme á las 
Ordenanzas. 
Citaré sólo la del camino de México á Yeracruz, ó sea el de- 
creto de 27 de Noviembre de 18ü7, en cuyo artículo 10 se conce- 
den á la Compañía, sin perjuicio de tercero, los criaderos metá- 
licos, los de carbón de piedra^ etc., siempre que los denuncien y tra- 
bajen sujetándose en todo á las Ordenanzas de Minería. 
¿Podrá creerse racionalmente que legisladores de tan diferen- 
tes administraciones, entre los que figuran verdaderas notabili- 
dades en jurisprudencia, hayan estampado los anteriores ó equi- 
