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M?s cauclitM-os que encontraron diseminados en los distintos centros de 
Jnibajo. Esta situación difícultosa continuó, empero, hasta fínes de mayo 
<le 1!)1B, fecha en que las guarniciones bolivianas se retiraron al oriente 
<ie la linea últimameiite trazada por las comisiones demarcadoras, en vir- 
tud de órdenes recibidas del Gobierno de La Paz. Desde esa fecha, han 
seguido los caucheros y shiringueros en explotación tranquila de esos te- 
rrenos y la casa Suárez Hnos. y Cia. Ltda. no ha vuelto ha invadir el te- 
rritorio peruano, debido, seguramente, á la falta de apoyo de las bayone- 
tas bolivianas. 
Eu resumen, soy de sentir que los títulos expedidos por el Minis- 
t tío de Fomento á favor de don Máximo Rodríguez sobre la concesión 
«Santa Elena», son nulos por haber sido otorgados sin conocimiento del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, no teniéndose presente el decreto 
.supremo de 1'^ de abril de 191U, y por no haberse llenado los requisitos 
exigidos en el Reglamento de Terrenos de Montaña, en citanto á la men- 
sura y alinderamiento^ pero, teniendo en consideración el derecho de po- 
sesión ejercitado por Rodríguez desde el año 1905 en que explotaba 
parte de los terrenos que forman la concesión «Santa Elena» y, desde 
1909, en el Mnymanu y Tahuamanu, hasta esta fecha, como ha compro- 
bado el suscrito en los diversos centros de trabajo qite ha recorrido de 
dicha concesión; soy de parecer que el Supremo Gobierno debe declarar 
nulos los títulos expedidos en 4 de enero de 1912 y otorgar á D. Máximo 
Rodríguez nuevos títulos de propiedad definitiva y perpetua de los te- 
rrenos que tienen en actual explotación, sin perjuicio de los derechos que 
puedan comprobar los caucheros colindantes; declarando en la calidad 
de denuuciables el resto de la concesión «Santa Elena» que no llene este 
requisito. 
boliviana de Suárez y C ' Ltda. pretende también derechos 
en territorio perttano por las concesiones «lUampu», «El Carmen», «Cons- 
tancia», «Esperanza» y «Fíladelfia», solicitada al Gobierno de Bolivia y 
ninguna de las cuales tenía el 30 de diciembre de 1902, título definitivo y 
perpetuo, no encontrándose casi todas esas peticiones en la fecha indica- 
da en que ambos Gobiernos convinieron en someter esos territorios al ar- 
bitraje argentino, sin derechos perfeccionados, toda vez que apenas se les 
había amparado en stis pedidos, como se desprende de la primera lectu- 
ra de esos documentos. 
Por otra parte, no puede alegar la casa Suárez la posesión, pues 
jamás ha existido en la zona que abarcan esas concesiones, itna sola ba- 
rraca boliviana y mucho menos personal de esa casa en explotación de 
