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ANALES DEL MINISTERIO DE FOMENTO. 
civilizada que los intereses de uno de ellos sean juzgados con- 
forme á una ley más privilegiada que la aplicable á los del otro. 
''Pues bien, así como el particular que contrata con la admi- 
nistración pública no puede declarar que ha caducado el contra- 
to, ó en otros términos, que queda rescindido y que se ha incur- 
rido en las penas señaladas para el caso de falta de cumplimien- 
to; este mismo principio nos hace percibir con claridad que la ad- 
ministración pública no puede á su vez declarar caduco un con- 
venio é imponer la pena pecuniaria en él señalada. ]S"adie puede 
ser juez de sus propios derechos y obligaciones, y por esto se ha 
consigimdo como una garantía en el art. 14 de la Constitución, 
que los tribunales serán los que juzguen los hechos que engen- 
dren contienda entre partes, aplicándoles exactamente la ley ex- 
pedida con anterioridad. 
"En la misma concesión de que me ocupo, fué consignada esta 
garantía. El art. 15 dice textualmente : 
''Cuando se suscitare alguna duda ó cuestión respecto de la 
"interpretación ó cumplimiento de las estipulaciones del presen- 
" te contrato, se decidirá por los tribunales federales competentes 
"de la Eepública y conforme á las leyes de la misma." 
"Siendo relativa la cuestión de caducidad al cumplimiento de 
las estipulaciones de esta Empresa, solo puede ser decidida por 
los tribunales á que ese artículo se refiere; ó en otros términos, 
se reconoció desde entonces que no era del resorte administrati- 
vo sino del judicial. 
"Entre la administración pública que contrata y el particular 
que para con ella se obliga, hay un juez común creado por el art. 
97 de la Constitución, cuj'a fracción III sujetó al conocimiento 
de los tribunales federales las cuestiones en que la federación 
fuere parte, y lo es sin disputa cuando ejercita derechos ó pre- 
tende aprovecharse de los efectos legales de la inejecución de un 
contrato. El art. 98 agregó que la Suprema Corte de Justicia 
conocerá desde la primera instancia de las cuestiones en que ía 
TJnion fuese parte. 
"Esta Empresa ha reconocido con su conducta el vigor de los 
principios que invoco. Habiendo juzgado que la administración 
pública no le cumplía la estipulación del art. 29 del decreto ci- 
