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VIII. 
LEYES SOBRE IRRIC.ACIÓN. 
Al^^unas leyes se han dictado sobre determinados proyectos 
de irrigación, como por ejemplo, las mencionadas en otro lugar 
con el objeto de autorizar el contrato celebrado con el Sr. 
Sears. No tenemos para que ocuparnos de ellas, por su mismo 
carácter de leyes dadas para caso determinado. 
Disposiciones de carácter general no tenemos sino las conte- 
nidas en el artículo 1,149 del Código Civil y en la ley de O de 
Octubre de 1893. 
El Código declara el derecho de abrir boca-toma y escavar 
canal en terreno ageno, siempre que ello sea indispensable para 
regar campos eriazos ó los que fueron cultivados y han perdido 
su acueducto. 
La ley del 93 es deficiente, pues no resuelve multitud de 
cuestiones que pueden presentarse á las empresas regadoras, 
que serían materia de larguísimo litigio entre ellas y los propie- 
tarios, litigio cuya sola perspectiva bastará para arredrar al em- 
presario más atrevido. 
Exoneración de derechos de aduana á las máquinas, herra- 
mientas y materiales que introduzcan las empresas regadoras; 
cesión de los terrenos públicos que irriguen, y derecho de ex- 
propiar los terrenos necesarios para estanques y acueductos: tal 
es en sustancia todo lo que la ley citada contiene. 
Cuando la Empresa va á irrigar terrenos de particulares, es- 
tos y aquella celebrarán contratos para la venta por la una y 
compra por los otros, de las aguas, ó para la fijación del respec- 
tivo canon. De modo que si no llegan á entenderse en cuanto 
al precio, ó si varios propietarios de las tierras que han de que- 
dar bajo riego, se niegan á regarlas, las obras no podrán ejecu- 
tarse, pues la Empresa regadora no tendría consumidores para 
las aguas que va á almacenar ó desviar. 
La ley debería salvar estos inconvenientes, estableciendo un 
máximum de canon anual por cada medida de agua para el rie- 
go, que serviría de base para que el Poder Ejecutivo determine 
en cada caso la tarifa correspondiente, en proporción al costo 
de las obras, y á la cantidad de terrenos que van á irrigarse; y 
declarando que los dueños de las tierras están obligados á ven- 
derlas á la Empresa á justa tasación, si no quieren cultivarlas. 
