QUINCE POR CIENTO DE FERROCARRIL. 
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corre. Y siendo esto así, no se concibe ciertamente qué razón atendible 
pueda alegarse para sostener que el término de los cinco años de que se 
trata, pudo y debió correr en perjuicio del Gobierno legítimo de la Re- 
püblica, durante la época del llamado Imperio. 
En este supuesto de incontrovertible verdad, la consulta de vd. y la 
resolución sóbre el cobro de los derechos en cuestión, se reducen ú. un 
-imple hecho que en manera alguna importa duda ni aclaración de ley, 
ni mucho menos imede decirse que la segunda tenga el carácter de una 
disposición especial, que esté fuera de las facultades comunes y ordina- 
rias de la administración. 
Y es tan claro este punto, que el CTobierno al resolver, como lo hizo, 
no tuvo, ni hay palabra que lo indique, duda alguna sobre la vigencia 
de la ley que estableció el referido 15 por 100 ; y muy lejos estuvo de que- 
rer decir que la resolución que se reservó dictar, fuese con el objeto de 
darle un carácter obligatorio en el sentido de aclarar, ampliar ó restrin- 
gir la ley. Lo tínico que quiso, y se desprende sin violencia de los con- 
ceptos contenidos en la comunicación dirigida á vd. en el repetido mes 
(le Setiembre, lo mismo que los acuerdos dictados con motivo de las soli- 
citudes del comercio de Colima, fué expedir más tarde, como en efecto 
lo hizo, la ley que conviniera, según demandasen los intereses del país. 
8i pues el Gobierno ni alteró, ni modificó la ley, ni quiso, ni preten- 
dió dictar disposición alguna que tuviese el carácter de tal, ya fuera ge- 
neral, ya particular, no es extraño que al dirigirse á esa aduana maríti- 
ma sobre el asunto de que se trata, lo hiciese en la forma que empleó ; ni 
de ahí puede inferirse que vulneró derecho alguno, ni menos todavía 
que haya quebrantado las prescripciones del Código fundamental. 
Pero hay más todavía, por si lo dicho hasta aquí no fuese, como es, bas- 
tante para justificar el buen derecho con que esa aduana i3rocedió al ha- 
cer el cobro ; y notable es por cierto que el ciudadano promotor fiscal no 
haya tenido presente al invocarlos artículos de la Carta federal, lagrave 
consideración que va á exponerse. 
Con solo comparar la fecha de la resolución á que se alude, con la en 
que se restableció en la Kepüblica el régimen constitucional, se viene 
