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gnlos ni las pruebas ni ningún acto posterior es compatibli' con la publií iilad: por 
consiguiente primero será encontrar un nuevo plan que sustituirle para aplicarla 
después: pasaré pues a la segunda parte. 
SEGUNDA PARTE. 
De la organización «le Tribunales i <Vnzga«1os. 
Hemos entrado ya en la parte mas importante i positiva deunalei del réjimen judicial; 
porque mui poco se ganaria con dictar sabias i benignas disposiciones sobre tramitación, 
si no se croase al mismo tiempo un número suficiente de empleados para administrar- 
las: si en esta distribución se dejaran vacíos que dieran márjen a competencias i con- 
flictos en los que han de ejecutarlas, o no se prescribieran reglas para evitar la con- 
fusión de sus atribuciones. Serán, pues, atributos esenciales de una organización 
bien ordenada, que la división <*e los jueces sea análoga i proporcionada al número 
de ios reclamantes: unidad en su ejecución para que puedan obrar con prontitud, i 
no se embarazen mutuamente, i uniformidad de principios para que sea e.spcdita su 
acción. En cada uno de ellos está cifrada la efectividad de la administración; por 
consiguiente rae permitiréis hacer de ellos el análisis que he empleado en bs cuali- 
dades anteriores. 
División. 
iSo es la creación de muchos jueces, ni la designación de sus jerarquías, lo que 
hace que una administración de justicia esté bien servida, sino una división propor- 
cionada a la ostensión, exijencias i necesidades de los que han de reclamar su minis- 
terio; porque si su número es mayor que el requerido, habrá una maniñesta compli- 
cación, i se multiplicarán los estorbos; si de ménos, resultará paralización i recargos 
perjudiciales. 
Determinar en cuál de estos estremos se halla colocada nuestra organización actoal,, 
■es un punto que no se puede resolver inmediatamente. A juzgar por las medidas ri- 
gorosas quede cuando en cuando se espiden para alijerar su marcha, i los efectos dia- 
rios que todos percibimos, se creeria que su número es mui limitado para dar abasto 
al continjente de pleitos que brotan sucesivamente, i que tan lentamente se conclu- 
yen ; pero si consultamos algunos datos estadísticos, verémos que pasan de dos mil 
las personas que en toda la República ejercen funciones judiciales en materia civil i 
criminal solamente, distribuidos de esta manera: catorce juzgados de letras que en 
cada provincia conocen de asuntos de mayor cuantía ; veinte, mas o ménos, alcaldes 
ordinarios que sirven de auxiliares de los primeros en los departamentos numerosos í 
cuatro cortes compuestas de diez i ocho personas, que aglomeradas en tres puntos, 
confirman o revocan lo resuelto por aquellos; i los mil novecientos restantes para 
negocios de poca importancia, es decir, de menor i mínima cuantía. 
¿Con esta división a qué viene a quedar reducida su fuerza moral? Los mil nove- 
cientos cuarenta i ocho en quienes se reúnen al ejercicio de las funciones judiciales, 
las mui subalternas de escribanos, las de ajentes del poder ejecutivo, i el cuidado de 
Sus faenas particulares, ¿qué atención podrán prestar a las primeras que son para 
ellos una carga onerosa? ¿Qué podrá esperarse de unos hombres forzados, ignorantes 
de las leyes i la práctica, i dividido su tiempo en otras ocupaciones que les prestan 
mas utilidad i aliciente? La omisión i la arbitrariedad son el menor de los males que 
producen estos motivos; sin fuerza ademas para correjir estos abusos, porque se 
mendigan de ellos estos servicios. Tenemos, pues, que casi Indo este injeni(> guarismo so 
