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mucho mas qe lo qe pudo acerse eu la época en qe esta constitución 
fue dictada. A>í pues: en la formación de las leyes no encuentro 
esaiguddad qe deberia existir entre las autoridades qe deben 
contribuir a formarlas. Al Presidente de la República correspon- 
de por la constitución un veto qe podría llegar a ser funesto. Nin- 
guna de la cámaras puede impedir sin mil trabas la sanción de 
cualqier proyecto de lei, puesto qe si una de ellas lo desecha o lu 
adiciona o corrijo, pasa a la de su oríjen , i si esta insiste en su 
aprobación, vuelve otra vez a lareviíora, i su negativa no podrá 
tener efecto sino concurre la difícil mayoría de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes. Esta es la parte qe la constitu- 
ción da a las cámaras lejislativas en la formación de las leyes. Vea- 
mos aora la qe da al Presidente de la República. Si este desecha 
un proyecto de lei aprobado ya por ámbas cámaras, se tendrá por 
no propuesto, ni se podrá proponer en la sesión de aqel año; i si 
solo lo corrije o adiciona, es preciso qe estas correcciones o adi- 
ciones sean aprobadas per las dos cámaras para qe pueda pro- 
mulgarse como lei; pues qe en el caso contrario, se tiene por no 
propuesto ni se puede proponer otra vez en el mismo año. De ma- 
nera qe el Presidente tiene facultad constitucional para acer ilu- 
sorio cualqier acto lejislativo. El Presidente debe, a mi juicio, con- 
currir a la formación de las leyes, pero de modo qe no pueda de- 
jar burlados los acuerdos de la autoridad en qien esencialmente 
reside la potestad lejislativa. En nuestro pais, en qe el ejecutivo es 
sino por lei, al ménos de echo, el árbitro de las elecciones popu- 
lares, esta facultad es tanto mas peligrosa, cuanto qe podría ser- 
vir para acer nulas las cámaras qe alguna vez pudieran ser efecto 
de la voluntad espontánea de la mayoría, siempre qe estas estu- 
viesen en choqe con las ideas o pretensiones qizá injustas del po- 
der ejecutivo. Por lo demas, la constitución de nuestro poder le- 
jislativo es, según creo, la mejora aplicación qe pudiera acerse de 
la teoría a las circunstancias peculiares de la República. 
No sucede lo mismo en cuanto al Ejecutivo. El está revestido 
de facultades qe le allanan mucho el camino ácia el despotismo i 
qe pueden convertirse en perjuicio de las libertades públicas. Tal 
es, por ejemplo, la de nombrar por sí, con acuerdo del Consejo de 
Estado, los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Este tri- 
bunal, por las altas funciones qe ejerce, debe estar fuera de toda 
influencia del Ejecutivo qe tiene tantos medios de acer entrar en 
sus miras a las personas de qe necesita valerse. La independencia 
judicial es, por otra parte, la garantía mas preciosa del onor, vi- 
da i fortuna de los ciudadanos, i la lei debe asegurarla poniendo 
trabas al nombramiento de los individuos qe ocupan los asientos 
de la majistratiira. A este respecto merece imitarse lo qe dispone 
