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la liberal constitución de los Estados-Unidos de Norte-América. 
Ella confia el nombramiento de los majistrados del tribunal supe- 
rior al ejecutivo en consorcio con la cámara del senado. Se me di- 
rá qe el Presidente do Chile necesita también de la propuesta del 
Consejo de Estado. Pero, en primer lugar, este cuerpo se com- 
pone de miembros nombrados esclusivamente por el Presidente 
pudiendo ser removidos a su voluntad, circunstanc:as ámbas qe 
no inducen mucha presunción en favor de su independencia; i en 
segundo , la misma constitución concede al Ejecutivo facultad 
para conformarse o no contal propuesta, i no faltarán en lo suce- 
sivo ejemplos en qe se ponga en ejercicio este derecho en me- 
noscabo del servicio público. A mas de qe, el Senado deriva su 
autoridad del pueblo i es un cuerpo qe, por sus facultades cons- 
titucionales, puede regularizar algún tanto la marcha del ejecutivo, 
i por tanto, inspira mas garantías qe otro cualqiera para la acer- 
tada elección de los ministros del Tribunal Supremo. ¿Por qé, 
pues, no abria de adoptarse el mismo trámite qe la constitución 
designa para el nombramiento de arzobispo u obispo, respecto del 
de los respetables funcionarios del primer tribunal de la nación? 
Si aqellos ocupan un lugar ])rominente en la jerarqía de los ele- 
vados funcionarios i pueden intluir poderosamente en el bienestar 
espiritual de los miembros de la sociedad, no ocupa tampoco un 
lugar menos elevado ni ejerce una iníluencia menor en la felicidad 
temporal de los mismos asociados el cuerpo encargado de velar 
sobre la vida i onrra de ellos i dar a cada uno lo qe le corres- 
ponde en justicia. 
Otra de las facultades qe la constitución confiere al Presidente 
de la República és la de conceder indultos paniculares con acuer- 
do del Consejo de Estado. Esta facultad, entendida en su sentido 
lato, puede traer, como a traído, funestas consecuencias en cuanto 
a la represión de los delitos. Ella se dirije a enervar la acción de 
los tribunales de justicia i a dejar muchas veces casi impunes a 
los criminales qe mas perjinlican a la sociedad. Cierto es qelo de- 
fectuoso de nuestra lejislacion penal ace indispensable la existen- 
cia de una autoridad a donde ocurrir para mitigar sus rigores; pero 
esto debe entenderse con mucha economía. Debe, pues, restrin- 
jirse a ciertos casos esta autorización tan ilimitada qe la constitu- 
ción da al Presidente de la República i no presenciar por mas 
tiempo el escándalo qe a cada paso se ofrece a nuestra vista de 
tener una tercera instancia, qe ya se a convertido en ordinaria, 
toda causa criminal. Porqe el echo es qe rarísima sentencia pro- 
nunciada por la corte suprema en esta clase de juicios se lleva a 
efecto en los mismos términos qe aqel tribunal la pronunció. Pero 
lo peor del caso es d pernicioso efecto moral qe esta práctica pro- 
