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6ü devoción el poder judicial, han establecido tr.bu nales militares u otra clase de 
juzgados especiales. 
Késtanos únicamente examinar la parte, que en los juicios está encomendada a la 
decisión de los jurados i es la última que comprende la definición: declaración sobro 
la existencia de un hecho. De esle modo se ha creído obtener el acierto en la averi- 
guación del delito, simplificando el proceso, haciendo de una cuestión compleja dos 
incomplejas, dividiendo la causa en cuestión de hecho i cuestión de derecho: la pri- 
mera ha sido considerada mui sencilla, i se ha creído suficiente para resolverla, erreo- 
mrndarla al simple buen sentido, a la conciencia de los jurados, i la segunda a los 
conocimientos legales del juez de derecho. En las causas civiles tal vez seria posibte 
hacer esta separación, aun después de probado un hecho, no siempre es fácil aplicar- 
le las disposiciones legales. En estes causas nadase deja a la discreción del juez, tu- 
da determinación en favor o en contra de alguno de los litigantes debe estar apoya- 
da en lei. No sucede así en las causas criminales, probado el hecho, establecida la 
mala fe del reo, estando convicto de haber procedido a cometerlo con libertad r co- 
nocimiento (pues todos estos puntos abraza la declaración sobre el hecho) nada resta 
que hacer s:no aplicar la pena. Ahora bien, el Código Pena* no es tan determinado 
i preciso en sus disposiciones como el Civil. La multitud de circunstancias, que pue- 
den acompañar a un acto criminal, hacen imposible que la lei señale una cantidad 
fija de pena para cada una de esas circunstancias, que según el modo como se com* 
binen, son capaces de producir una variación infinita en la calificación del hecho, 
desde la inocencia basta la criminalidad en su mayor grado. Lo mas que se puede, 
por la naturaleza misma de las cosas, a fin de evitar la arbitrariedad en cuanto sea 
posible, es señalar el jénero del castigo correspondiente al delito, fijar el mínimum 
i el máximum, para que dentro de ellos se elija el castigo proporcionándolo a la gra- 
vedad del mal. La aplicación de la pena, mas bien que una cuestión legal, pudiera 
Mamarse una cuestión práclica, una cuestión do comparación, en pa cual las funcio- 
nes del juez, conocido el crimen, están reducidas a clejir la satisfacción que le corres- 
ponde dentro de los limites marcados por la lei. La lei ha lijado dos lincas divisorias, 
que encierran todas las penas que pudieran aplicarse desde la menor hasta la mayor 
a un acto crimina!. El juez tiene facultad para escojer, sin salir de ninguno de los 
cslrcinos, la pena que en su discreción hallase proporcionada al delito. Según esto, 
quién será mas a propósito para establecer esta proporción ¿el mismo que conoció 
personalmente del delito, el que se impuso de los motivos que en el ánimo del de- 
lincuente obraron para cometerlo, el (pie está, en una pelabra, designado por la leí 
para graduar la criminalidad, u otra persona a quien se trasmitan estos conocimien- 
tos, no inmediatamente de boca del reo i testigos, sino de oirás personas intermedias? 
Los jurados aun suponiéndolos perfectamente instruidos de los grados de criminali- 
dad, no podrán transmitir sus impresiones al juez, de derecho; porque hai relaciones 
de sentimiento que no es posible expresar. 1 si la lei considera a los jurados suficien- 
temente capaces de graduar el delito ¿por qué no les permite también graduar la pe- 
na? Los que conocen de la magnitud del primero, serán sin duda mas a propósito 
para clejir una magnitud igual en la segunda, a fin de que se verifique la propro- 
cion, que debe haber entre la pona i el crimen, que es el gran principio en materia 
de delitos, l’or el contrario si la lei conceptúa al juez de derecho absolutamente in- 
capaz de entender en el hecho, hasta el punto de prohibirle cualquiera indicación quo 
dejase traslucir su opiuion particular a los jurados, ¿cómo es que le faculta para ti 
aplicación do la pena? 
Creo por es la razón, que en causis criminales no debe hacerse esta división, i que 
la cuestión de hecho encomendada a 1 1 conciencia de los jurados i la de derecho a 
los conocimientos legales del juez letrado, tío l'oriu m mas que una sola cuestión. 
