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nos que una anomalía, un contrasentido. En efecto, la parle esencial del juicio, aque- 
lla en que se va a declarar si lia o no lugar a formación de causa, si el acusado es o 
no culpable, si ha infrinjido o no la lei, se pone en manos de una reunión acciden- 
tal i pasajera de simples ciudadanos, sabios o ignorantes, quizá de buenas o malas 
costumbres, i dedicados a otras profesiones diferentes de la de juzgar; mientras que 
la parte menos espinosa, en que no obra sino como una mera máquina, aquella que 
se limita a la aplicación de la pena que la lei designa, para lo cual bastaba un sano 
juicio, se confia a un hombre profesor en el derecho, que ha empleado años de años 
en cultivar su íntelijencia para ocupar un lugar distinguido en la sociedad. 
Esta anomalía seria tolerable i quizá surtiera buenos efectos, si se diera al juez de 
derecho alguna intervención, en la decisión de los jurados, si pudiera al menos ha- 
cer las justas observaciones que sus conocimientos le suministran; pero no siempre 
es así: los jurados tienen una esfera de acción i otra el juez de derecho; la decisión 
de los jurados es una sentencia, es un veredicto. 
¿Con semejante procedimiento del jurado, an tilój ico, antinatural, obtendremos fru- 
to alguno, conseguirémos el triunfo de la justicia? Prefiero los tribunales permanen- 
tes, confio mas en ellos, porque a la íntelijencia ilustrada vá unida la experiencia. 
Cuarta diferencia . — Los tribunales permanentes son responsables de sus actos, si 
hai neglijencia o malicia; no asi los jurados. 
La idea de dependencia, de delegación envuelve la de responsabilidad. La sociedad 
no puede estar segura de sus derechos, no puede tener confianza en sus delegados, si 
estos no son responsables: la responsabilidad es el freno mas eficaz en los actos del 
hombre; es la salvaguardia de la justicia i el fiel defensor de la inocencia: la publici- 
dad i responsabilidad en sus actos son inherentes a todo funcionario, porque de lo 
contrario no puede haber confianza, ni seguridad de que haya obrado bien. 
Los miembros de los tribunales permanentes son responsables en el fuero interino 
i en el fuero esterno; son responsables ante Dios, ante sus superiores i ante la nación. 
Los jurados solo son responsables en el fuero interno, ante el juez de los jueces. Si 
aquellos son reconocidos como parciales, si son acusados como traidores a la lei i a 
la razón, pueden ser separados completamente de sus destinos, cargando con la exe- 
cración pública; mientras que los jurados nada pierden, permanecen tranquilos, aun- 
que hagan de la conciencia el comercio mas activo que darse puede, aunque cometan 
las injusticias mas manifiestas. 
I no digamos que la irresponsabilidad del jurado pende de su organización. En 
materias criminales, en los juicios mas espinosos i delicados, en que con frecuencia 
se falla sobre la vida del hombre, la irresponsabilidad, según el sentir de los publi- 
cistas, es esencial, es inseparable del jurado, porque, como dice Lastarria, sus convic- 
ciones en este punto, si bien pueden sentirse, jamas pueden esplicarse. (2) 
Me abstengo, señores, de considerar muchas otras diferencias que existen entre el 
jurado i los tribunales permanentes, tanto por no molestar demasiado vuestra aten- 
ción, cuanto porque creo haber manifestado hasta aquí las muchas ventajas que pre- 
sentan los tribunales permanentes para la administración de justicia, ventajas reales 
i positivas que echan por tierra las pocas que asisten al jurado. 
Sin embargo de la superioridad de los tribunales enlejiados para lodo juicio, con- 
sidero al jurado, según la actual organización de aquellos, de mejor condición, mas 
adecuado para los juicios de imprenta, porque a la vez que estos juicios no requie • 
.ren mayores conocimientos, siendo, por lo jencral, suficientes los de la lei de impren- 
ta mas o menos estensa, exijen, por su propia naturaleza, tanta rapidez quizá como 
un consejo de guerra en campaña. Pero, si a los tribunales permanentes se les diese 
una organización tal, (pie la tramitación de toda causa fuera enteramente pública, 
(2) Derecho público constitucional Cap. 3.‘>, art. 5.» 
