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írir los perjuicios orijinados principalmente por el corlo numero de individuos de 
que jeneralmenle se compone este cuerpo, perjuicios que por no hacer demasiado 
cansada esta memoria no justifico con la práctica. 
Stas «íriFjaseáones. 
Al tratar de las atribuciones del poder Municipal no me limitaré cscinsivnmente 
a las que son desempeñadas en cuerpo por sus miembros, sino que también hablaré 
de las que algunos de ellos ejercen personalmente, pero siempre en su carácter Mu- 
nicipal, o en cuanto tenga alguna relación con él. 
Como las Municipalidades podrían en algunos casos, traspasando sus facultades, 
acordar providencias que perjudicasen al orden público, necesita el jefe político del 
Estado tener sobre ellas una vijilancia tal que impida la ejecución de semejantes 
acuerdos. Pero esta vijilancia no puede lograrla sino por medio de sus ajenies; i así 
es como se halla arreglado en la lei del réjiraen interior. Según ella los Intendentes 
i Gobernadores en su caso, no solo deben cuidar, según lo dispuesto en el articulo 
79, de que las Municipalidades ejerzan fielmente sus atribuciones i que cumplan con 
el objeto de su institución, sino también dictar las providencias necesarias para re- 
mediar los abusos que notaren, dando, en caso necesario, cuenta al Supremo Gobier- 
no. Por otra parte, la lei, no solo da a los presidentes de los Cabildos voz i voto en 
sus acuerdos, sino que también por el articulo 133 de la lei citada les da facultad 
para suspender la ejecución de lo acordado por ellos, siempre que pueda resultar 
perjuicio al orden público o a los intereses confiados a aquel cuerpo. 
Corresponde también a dichos Intendentes o Gobernadores en su carácter de je- 
fes de las Municipalidades ausiliar, con su autoridad i con la fuerza que tienen a su 
disposición, la ejecución i cumplimiento de los acuerdos i disposiciones legales de 
aquellas. Disposición acertada, pues aun cuando supongamos en los 11 ej idores mucho 
interes por la ejecución de sus acuerdos, este interés se halla muchas veces desaten- 
dido por fijarse en sus intereses particulares: asi es que 'el jefe político del departa- 
mento, 'no solo se limita a ser ausiliar, sino que es el inmediato ejecutor de esas pro- 
videncias, se entiende cuando éste es un majistrado celoso. 
Otra atribución de los Gobernadores es conocer del articulo de recusación de los 
Alcaldes o Rejidores. No hablaría de esta atribución si no estubiese dispuesto por la 
lei de 27 de julio de 1837 que en caso de hallarse implicado el Gobernador, conozca 
de! articulo de que se trata, el otro Alcalde, i en su defecto los demas Rejidores por 
su orden. De modo que en último caso es atribución que indirectamente toca al 
Ayuntamiento. 
Ros Alcaldes ordinarios tienen también sua atribuciones peculiares que voi a enu- 
merar con la brevedad posible. 
Por las leyes de Indias i por el Reglamento de administración de justicia se con- 
cede a los Alcaides la facultad de administrar justicia en los departa méritos donde 
r.o hai Juez Letrado. Pero por las primeras, los Alcaldes decidían de las causas de 
mayor cuantía, i no podían ser abocadas por los oidores o jueces de provincia; mien- 
tras que por las segundas no las pueden decidir; sino que, cuando se hallen en esta- 
do de sentencia, las deben remitir al Juez de Letras. La segunda parte de la dispo- 
sición de la lei de Indias, es decir la prohibición de abocarse las causas de que cono- 
cen los Alcaldes, también se halla derogada entre nosotros por la lei de 20 de setiem- 
bre de 1838, que dispone que los jueces de letras tengan la facultad discrecional 
de abocarse la sustanciacion de las causas de que conocen los Alcaldes ordinarios, 
cualquiera que sea el estado en que se encuentren. Facultad es esta de que los jue- 
ces hacen bastante uso: pues no hai causa civil de alguna importancia, o criminal 
