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de alguna gravedad que no sean abocadas por el juez, ya a petición de parle o ya 
de oficio. I esto sucede con tanta mayor facilidad i frecuencia, cuanto casi siem- 
pre ambas partes están interesadas en ello: pues regularmente en los departamentos 
donde no hai Juez de Letras, no encuentran personas que las potrccinen. 
Por la lei de 28 de setiembre de 837 se concedía a los Alcaldes la facultad de eo* 
nocer verbal i sumariamente de las quejas que se interpusieron contra los subdele- 
gados o inspectores por ¡as vejaciones,- dilaciones, torcida administración de justicia 
i (lernas crímenes que cometieren en el ejercicio de sus funciones como jueces; pero 
por disposición posterior so ha resuelto que las facultades de los Alcaldes solo están 
limitadas en el presente caso, como en los anteriores, a tramitar vcrbalmenle dichas 
causas, remitiéndolas, luego que estén concluidas, al Juez de Letras para su deci- 
sión. Sin embargo, tengo noticias que en muchos departamentos deciden tales cau- 
sas ¡imitándose solamente a imponer una leve multa i muchas veces una simple re- 
prensión a aquellos funcionarios, i ocasionando de este modo graves perjuicios en la 
administración de justicia. 
Hasta aquí he tratado solamente de las facultades que conceden las leyes a los Al- 
caldes con respecto a la tramitación; pero hai algunos casos en que tienen facultad 
para decidir, de los cuales me paso a ocupar. 
En primer lugar, el Reglamento de Administración de justicia concede a los Alcal- 
des la facultad de conocer de aquellas dilijcncias en que no hai todavía oposición de 
parte, como formación de inventarios, justificaciones ad perpetuam i otras. 
En segundo lugar, la leí de 2 de febrero de 1837 autoriza a los Alcaldes para co- 
nocer de los artículos de implicancia i recusación de los jueces de letras. Pero debe 
advertirse que del artículo de implicancia solo conoce en el único caso en que la 
causal de la implicancia sea la incapacidad legal del juez por haber incurrido en 
alguno de los casos en que debe ser suspenso o separado de sus funciones judiciales; 
raiéntras que del artículo de recusación conoce siempre, cualquiera que sea la causa 
alegada, con apelación en ambos casos al Intendente de la provincia. También deben 
decidir los Alcaldes, según la lei citada de la recusación de los inspectores i subdelega- 
dos en única instancia; de la de un miembro de los Consulados i de un compromi. 
sario con apelación al Juez de Letras; i según la lei de t.° de mayo del mismo año, 
del recurso de nulidad que se interpusiere ele las sentencias de los subdelegados. 
Por lo espucsto se ve que estos son los únicos casos en que los Alcaldes ejercen 
las funciones de verdaderos jueces, i por consiguiente, que estas son las funciones 
mas importantes que ejercen. 
Considerando ahora las leyes que conceden estas últimas facultades a los Alcaldes 
bajo el aspecto de !a utilidad pública, no puede negarse que quizás no son ellos las 
personas mas a propósito para ejercerlas; i que por tanto tienen varios inconvenien- 
tes, pudiendo enumerarse entre los principales los dos siguientes: l.° que, como 
nosotros no tenemos Alcaldes ordinarios, según antes he dicho, sino solamente Re- 
j idores, los cuales ejercen las funciones de aquellos, hai el inconveniente de que 
como ellos son personas mui relacionodas en sus departamentos, estas relaciones 
pueden ejercer en su ánimo un influjo tal que perjudique a la justicia; i 2.° que aun 
suponiendo en ellos toda la* imparcialidad que se quiera, son jueces legos que no 
pueden estar al corriente en materias de derecho, i que por tanto podrían ser poco 
acertadas sus decisiones. Sin embargo, parece que la necesidad es lo que ha movido 
a nuestros Lejisladores al concederles las facultades de que me ocupo: pues como 
fuera de la capital la ciencia legal se halla todavía en bastante atraso, de suerte que 
hay muchos departamentos en que no se encuentra ni un solo letrado; i como por 
otra parte los Rejidores son alii regularmente las personas de mas luces, parece 
mui conforme con las circunstancias la disposición de estas leyes. 
