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der, i los papeles se cambian eHteramenlejlo que ántes le parecía un contrasentido, 
ahora lo encuentra mui racional i justo; no da la razón de este cambio en su proceder 
0 alega miserables preteslos, pero lo sigue sin vacilar, i con una serenidad tal, que 
se le creerla el hombre mas convencido : i sostiene que las cuesliorfes entre la Iglesia 
1 el Estado las debe decidir solo éste, i tolera i apoya ios recursos de fuerza i pasa 
por sobre la desorganización que esto produce en la jurisdicción eclesiástica ; i no 
atiende a que sus actos carecen de lójica, de imparcialidad. Esto es lo que se vé en 
práctica; el por qué de esta anomalía es para mi un misterio. 
Pasaré ahora a examinar las otras dosespecies de fuerza, que consisten en el mo- i 
do de conocer i en no otorgar. Ambas suponen la competencia en el juez eclesiástico, í 
solo se trata de examinar si ha observado la tramitación prescrita por las leyes cano - i 
nicas. Los fundamentos que alegan los regalistas para justificar estos recursos son los i 
mismos que en el anterior, a saber, la obligación i el derecho del soberano para prole- 
jera sussúbdilos contra las estorsiones de los jueces eclesiásticos. Sin embargo, es una 
cosa bien eslraña que escritores tan ilustrados como esos no se hayan hecho cargo de i 
unajobscrvacion que salla al ojo desde luego; i es que ese vasallo a quien se trata de | 
protejer tiene los mismos recursos legales en los tribunales eclesiásticos que tendría i 
en los civiles en casos análogos. ¿Qué hace un litigante cuando el juez de lelraseiiJu- 4 
gar de comunicar traslado, manda traer los autos para sentenciar? pide revocatoria i 
de este auto i en subsidio apela ; precisamente lo mismo puede hacer en el juzgado I 
eclesiástico, i el tribunal de alzada repararía ia falta que había cometido el juez 1 
a quo. Si el litigante, no queda, pues, indefenso contra el juez que lo perjudica ¿a ■ 
qué entóneos ese recurso a una autoridad estraúa, que probablemente no hará sino 11 
lo mismo que el juez de alzada eclesiástico? ¿Para qué perturbar inútilmente la ju- i 
risdíceion eclesiástica, abriendo un ancho camino a los litigantes de mala fé para en- || 
, torpecer la acción de la justicia, fomentando, puede decirse; la insubordinación en- l| 
Irc los súbditos de la Iglesia? Esta es una reflexión tan sencilla i tan justa, que no I 
creo pueda dársele una contestación satisfactoria. 
Pero se dirá, i si el juez de alzada sostiene al juez que ha faltado a la tramitación, t 
¿quien podrá deshacer este agravio sino el soberano? K esto responderé con otra prc- 1 
gunta, i si la corte de apelaciones sostiene al juez que ha faltado a la tramitación, i 
¿quién remediará ese daño? Nadie ; hai males que no tienen remedio, i que es pre- [. 
ciso tolerar en obsequio del bien común. mas de que si dos tribunales que no lie* |: 
nen interes personal en una cuestión, convienen en resolverla en un mismo sentido, 
es mas que probable que no sean ellos los engañados sino la parle, que naturalmenlg |t 
se preocupa eii favor del Ínteres que representa. La misma tranquilidad pública pide i! 
por otra parte que tengan alguna vez término las exijcncias de los litigantes, i no t 
será de eslrañar si no siempre quedan satisfechos sus deseos. 
Hai mas, un reclani'o o apelación de un tribunal eclesiástico a otro lego es «na l( 
cosa tan chocante, como seria el que se diese de un tribunal lego a otro ecle&iáslicos. \\ 
Siendo tan diferentes en jcncral las materias de que ambos conocen i las leyes por fi 
que se rijen, no puede, o al ménos, no del>e suponerse en el uno, los conocimientos 
especiales que posee el otro; i asi es que en este recurso casi siempre se verifica que lo |i 
actos de un juez conocedor de su lejislaclon vienen a ser revisados por otro que de |l 
seguro no lia liecbo un estudio tan detenido de la especialidad de aquel; i osla es, ’ 
prescindiendo de cualquiera otra consideración, una falla de lójica inqierdouable. 
Pero dice el señor Covarrubias, que «el orden de losjuicios es una jiarlc esencial dcl 1 
derecho público», concluyendo seguramente de aquí que el soberano debe velar por i 
si de su mas exacta observancia. Conlieso que no alcanzo el sonlido de estas espre* 
siones: siempre lie creído que el derecho público es aquel que regla las relaciones 
entre el Estado i los ciadadanos, o la forma de gobierno propiamente dicho de una 
