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tiva esa disposición. Prescindiendo de este error, siempre es preferible lo prescrito 
pura las implicancias. Si alguna vez es útil exijir mulla, solo puede establecerse para 
cuando se apele de la sentencia, l^a multa no tiene otro objeto patente que castigar 
las interposiciones maliciosas de estos recursos.- esto supuesto, pongamos ei caso 
de que, entablados, el juez declare hallarse comprendido en alguna causa de impli- 
cancia o recusación. ¿Qué objeto pudo tener entonces la consignación de esa canti- 
dad? IVingunu; ha sido un trámite inútil i perjudicial. Por el contrario, el iuez dice 
«no ha lugar al recurso,» i se apela; entonces si que puede existir con mucha mas 
razón malicia; va a removerse un asunto sobre el que ha caldo ya una resolución, 
que si no irrevocable, desde que se permite la apelación, lleva sin embargo consigo 
las probabilidades del acierto de un examen. Si puede pues existir malicia, justo es 
castigarla, haciendo perder al apelante la suma consignada, siempre que se confirme 
la sentencia. Con todo, mejor seria suprimir completamente estas multas, que en 
nada alivian al litigante de buena fé. No es justo ni racional quesea el fisco quien 
lucre a consecuencia de un proceder, que solo afecta a una persona determinada, en 
cuyo único beneficio deberían redundar los manejos fraudulentos de su contrario» 
No hai masrazon para exijir mulla en este caso, que para exijirlaen todas las apelacio- 
nes: por consiguiente, condonar en costas al promovedor del articulo, una vez con- 
firmada la sentencia, seria mucho mas .conforme al objeto de la lei. 
Mas adelante hemos espueslo que las decisiones que recaen sobre los artículos do 
recusación son también inapelables por la naturaleza de los jueces que las dictan. 
Asi lo vemos dispuesto en el articulo 66 que trata de las recusaciones del coman- 
dante jeneral de armas, dal auditor i miembros de los consejos de guerra : los llama- 
dos a conocer en ellos lo hacen en única instancia. Igual disposición se establece 
acerca de la recusación de los Intendentes i Gobernadores, del Rcjenle i Ministros 
de ambas Corles, miembros del Consejo de Estado, Senadores i Comisión Conserva- 
dora ; por último, se hace eslensiva la misma doctrina a las sentencias de los alcal 
des, que conocen de la recusación de los inspectores i subdelegados. Natural es que 
ambas Caries de justicia decidan en única instancia la recusación de sus ministros 
respectivos, porque no hai tribunal competente que pueda recusar sus disposiciones; 
natural es también seguir el mismo principio respecto de la Corle Suprema que co- 
noce de la recusación de los miembros del Senado i Comisión Conservadora; pero 
que sea el Senado quien tramite la de los Consejeros de Estado, es ciertamente irre- 
gular i arbitrario; es confundir las atribuciones de los diversos cuerpos constituidos, 
disponiendo que el lejislalivo se mezcle en la esfera destinada al judicial ; aunque es 
preciso confesar que el mal viene en este punto de mas alto. 
Hacer por otra parle inapelables las decisiones del ¡dcaldc, oficial de mayor gra- 
duación i Comandante Jeneral de Armas, es establecer una disposición caprichosa, 
i algo mas que caprichosa, funesta a las garantías individuabas. Si no hubiese un tri- 
bunal competente de apelación que pudiese rever la causa , díctese enhorabuena una 
disposición de la manera espresada ; pero ese tribunal existe o puede ^existir sin grau 
trabajo. 
El alcalde es el que conoce en única instancia de la recusación del subdelegado e 
inspector ; salla a la vista el inconveniente que puede resultar de establecer esta gra- 
duación : el inspector o subdelegado puede re.sidir en un punto bien distante de 
aquel en que se encuentro el alcalde : i según dicha graduación se verán obligadas 
las parles, o bien a renunciar a su derecho, o a perseguirlo haciendo un gasto crecido 
por una demanda insignificante. 
Del articulo de recusación de los alcaldes i rejidores conoce el Gobernador depar- 
tuiicnlal con apelación al juez letrado. ¿()ué objeto podo tenerse en vista al llamar 
al Gobernador un asunto judicial de que no puede estar instruido por la naturaleza 
