mo« poco inns o menos en el mismo esi;ulo, ¿cuándo llegará el tiempo en que pue- 
dan hacerse efectivas las atrilniciones que a las ¡Vlnnicipalidades se conceden? 
En cuanto a h administración de sus bienes i rentas, la lei dá a las Municipalida- 
des las facultados de prescribir reglas para la enajenación, arriendo o subasta de sus 
entradas i propios, de atender con los fondos municipales a las necesidades de salu- 
bridad, comodidad i seguridad; acordar el presupuesto anual de gastos, las obras 
públicas que deben coustruirce con fondos municipales, proponer la creación de 
nuevas contribuciones a favor de las Municipalidades i la suspensión o modificación 
de las existentes; etc., etc. 
Gomo dijimos anteriormente, la Municipalidad con la libertad de hacer todo lo 
que se ha enumerado podria trabajar fructuosamente por el bien de nuestras locali- 
dades, Pero todas estas facultades son una farsa. En cuanto a los presupuestos de 
. gastos ¿qué es lo que en resumidas cuentas puede hacer? El Gobernador forma el 
presupuesto i la Municipalidad aprueba : pero no está todo concluido, pues es preciso 
que el Presidente de la República también se conforme, de modo que a casi nada 
quedan reducidas en este punto sus facultades. Respecto de los obras de comodidad, 
utilidad u ornato que según este titulo puede emprender, es preciso también que ob- 
' tenga la aprobación del Gobierno Supremo si el nuevo gasto sale del presupuesto. 
lEa superior confirmación que para todos los actos de la Municipalidad es circustancia 
indispensable, amengua considerablemente si es que no destruye enteramente la bon- 
I dad de lo espuesto en este titulo 3.® 
Posteriormente también se conceden a las Municipalidades ciertas facultades lejis- 
lativas dentro de la comunidad, autorizándola para que dicte varias disposiciones 
que la lei divide en ordenanzas, reglamentos i simples acuerdos. Esto no es mas que 
< el medio para hacer efectivas i llevar a debido efecto las facultades que la lei con- 
cede, principalmente en lo relativo a policía i orden público. 
En las épocas del receso de las Municipalidades, queda en pié una especie de co- 
misión conservadora, llamada comisión de alcaldes, que se compone del Goboanador, 
los alcaldes i el Procurador municipal con voz i voto. 
Los alcaldes no son ya como en la antigua lei los municipales que lian obte- 
nido mas votos, sino que son elejidos por la misma Municipalidad de entre sus 
miembros, en la primera reunión que téngala corporación. En esta reunión debe tam- 
bién fijarse el orden de precedencia de los rej ¡dores. El Procurador municipal es un 
funcionario nombrado por el Gobierno a propuesta de la ¡Municipalidad para que 
sea su representante principalmente en las jestiones judiciales. Las atribuciones de esta 
comisión de alcaldes debe fijarlas en cada departamento una ordenanza municipal: 
pero son poco mas o ménos las mismas de la Municipalidad, exijiéndose respecto de 
alhunas medidas la aprobación subsiguiente de la ¡Municipalidad para que sigan te- 
niendo efecto. 
La última cuestión que me propongo resolver, parece íntimamente ligada con la 
anterior, pues las facultades concedidas al Gobernador como jefe de las iMunicipali- 
dades i las que el Presidente de la República se ha reservado, son complemento mu- 
chas veces de las que goza la Municipalidad, ya que jeneralmentese exije una apro- 
bación superior. 
Las facultades que se dan a los Gobernadores o subdelegados en su caso como 
presidentes de las ¡Municipalidades están por lo jeneral contenidas dentro de mui jus- 
tos límites. Estos funcionarios como cabezas de la corporación i ademas como repre- 
sentantes del poder central i depositarios de la fuerza pública, son los ejecutores de 
las resoluciones municipales; asi es que entre otras atribuciones les corresponde dic- 
tar los reglamentos que sean necesarios para dar cumplimiento a las ordenanzas mu- 
nicipales. La acción de la Municipalidad cesa cuando ha dictado una resolución 
