284 
ANALES. — MARZO DE 1865. 
tencioso-administrativo i han confiado a tribunales especiales. 
Corresponde al Consejo de Estado «resolver las disputas que se 
susciten sobre contratos o neg'ociaciones celebradas por el Gobierno 
Supremo i sus ajentes.n (1) 
Penm'tasenos detenernos uri momento en esta. atribucion. 
El Derecho publico, es cierto, considera estos contratos como ne- 
gociados propios de la administracion; ( 2 ) pero jes el Consejo de 
Estado el tribunal llamado naturalmente a conocer en las contiendas 
que acerca de ellos se susciten? Creemos que no. El Gobierno, que 
entra por tan to en esta corporacion, no puede ser juez en cuestiones 
relativas a contratos que el mismo ha celebrado. Por mas desprendi- 
miento i elevacion de miras que supongamos en el, no le sera facil 
sustraerse a la inlluencia del deber que tiene de custodiar i defender 
los derechos del Estado con el mismo eelo con que se defiende la for- 
tuna propia. En el conilicto de estos deberes, de defender al Estado i 
hacer justicia al paiticular que se encuentra en lucha con el prual sa- 
crificara? Si es mas celoso de los derechos del particular que de los del 
Estado, traiciona la confianza publica; i si por el contrario la defensa 
del Estado pesa en su animo mas que el interes particular que se su- 
pone dahado, traiciona los sagrados fueros de la justicia. jQue parti- 
do tomara ese juez-parte en la batalla que se libren en el interior 
de su conciencia esos sentimientos encontradost Sin duda que se co- 
loca ast al Gobierno en una posicion penosa para un hombre delicado 
i de conciencia. Bueno seria ahorrarsela, pues la lei no debe crear 
situaciones que requieran heroes para dominarlas. 
Las contiendas sobre apertura, direccion o cualquiera otro pun to 
relativo a caminos, 3 m ocurran entre particulares 0 entre estos i la 
autoridad publica, corresponden tambien a un tribunal especial, com- 
puesto en primera instancia del gobernador del departamento, i en 
segunda de la llamada junta provincial. (3) 
Las concesiones de minas, como algunas otras de las facultades 
administrativas que correspondian al diputado del ramo, pertenecen 
igualmente al gobernador departamental. 
(1) Art. 104 de la Const, de 1833. 
(2) Lastarria. La Constitution, etc. art. 801. 
(3) Art. 38 de la lei de 17 de Nov. de 1842. 
