254 ANALES. AGOSTO DE 1S83. 
cion do causa, i el segundo, compuesto de miembros distintos del prime* 
ro, se ocupa en clasiricar el hecho i en determinar, con conocimiento de 
todos los antecedentes que suministra el proceso, la culpabilidad o incul- 
pabilidad del acusado. Evidente es que estos dos tribunales de hecho des- 
empenan funciones jurldicas tendeutes a un mismo resultado, el analisis 
del esplritu del impreso para constituir el juzgamiento. jCuauto mas senoi- 
llo, economico i natural seria, que un solo tribunal conociese desde que se 
entabla la querella de acusacion hasta su termino, como sucede en los jui" 
cios comunes. Asi los jurados so instruirian major del hecho que son 11a- 
mados a calificar, i asi tambien se ahorrarian las dilaciones, los tramites 
embarazosos i molestos a que da lugar la division de atribuciones, i los 
crecidos gastos que este sistema orijina a las partes. 
En lugar de conferir al juez de derecho, que en un buen sistema de ad- 
ministracion de justicia por Jurados no debe ser otra cosa que un conse- 
jero. Ilustrado de los jueces-ciudadanos, la facultad de apreciar a su arbi- 
trio si la imputacion requiere o no prueba i de imprimir a la causa la 
direccion que crera conveniente, como sucede con arreglo al estatuto vi- 
jente de la prensa, al Juri unicamente deberia corresponder, por la natura- 
leza de su mandato constitucional, deliberar sobre la admision o rechazo 
de los justificativos. Esta atribucion, inherente a la calificacion del hecho 
que va a ser juzgado, no puede confiar.se a otro poder que a aquel que 
tiene la responsabilidad del fallo, porque de otra manera se permite a un 
ajente estraho que, la Constitucion no ha llamado a dirimir estas cuestio- 
lies, la facultad de perturbar i trastornar el caracter del impreso acusado, 
de coartar la liberiad de la defensa i de abligar al Juri a que se convierta en 
docil instrumento de las pasiones del juez o de su opinion particular. La 
cuestion de sise aceptan o no los justificativos que el acusado ofrezca para 
comprobar la verdad de sus imputaciones, tiene tal importancia, tratandose 
del ejercicio de la libertad de la prensa, qua si se somete este punto al 
arbitrio del juez de derecho i de la Corte Suprema, como lo establece la 
lei actual, los escritores publicos quedan a merced de los tribunales ordi- 
narios, i pueden ser declarados calumniosos muclios articulos que, por la 
materia de que tratan i las revelaciones de abusos o faltas de altos funcio- 
narios, son, a los ojos de la opinion, provechosos,"moralizadores i patrioti- 
cos. Por medio de interpretaciones absurdas o por infiuencias politicas, el 
juez de derecho tiene en sus manos la suerte del impreso acusado; el 
puede, cerrando el debate con la no admision de la prueba, obligar al Juri 
a que condene, sin oir, publicaciones que contengan justos cargos contra 
empleados publicos, i con semejante recurso se amordaza, la prensa i se la 
aparta, por temor al castigo, del examen de los actos que afectan los in 
tereses mas vitales del pais. 
Nadie ignora la inlluencia que la tramitacion de una causa ejerce sobre 
