360 
ANALES. — SETIEMBRE DE 1863 
cuando la nacion en cuyo territorio residen los interesados no tuviese 
ningun interes que alegar en favor de la practica contraria (1). 
En cuanto a los efectos de los contratos otorgados en pals estrano 
para cumplirse en Chile, el inciso l.° ultimo del mismo art. 16 es mui 
terminante al disponer que, los efectos de esos contratos se arreglen a las 
leyes chilenas, esto es, para su ejecucion, a las formalidades prescritas 
en el Codigo de enjuiciamiento. 
li. 
DE LOS EFECTOS DE LA LEI EN CUANTO AL TIEMPO EN QUE DEBE EEJIR. 
El principio de la retroactividad esta consignado en nuestra Cons- 
titucion como una garanti'a de seguridad en materia de delitos, para que 
ninguno pueda ser juzgado sino en virtrd de una lei pr omul gada antes 
de su jjerpelracion. La evidencia i justicia de esta institucion salta a 
los ojos, pues obrando de otra man era nos veriamos espuestos a cas- 
tigar hechos indiferentes o acaso acciones h'citas i aun impuestas en el 
tiempo pasado como un precepto por el lejislador. Solo echamos de me- 
nos que, al quitar el art. 133 su efecto retroactivo a las leyes penales, 
no nos diga qu6 deba hacerse cuando, tratandose de castigar un delito, 
la pena impuesta por una lei posterior sea menos severa que la del tiem- 
po en que se cometio. La razon, la humanidad i la opinion unanime de 
los escritores mas distinguidos aconsejan la aplicacion de la pena mas 
suave, i los fundamentos en que se apoyan unos i otros son igualmente 
claros i sencillos. jNo seria el colmo de la injusticia la imposicion de 
un castigo que en fuerza de la mutacion de los tiempos, la mayor ilus- 
tracion i el mejoramiento de las costumbres pareciese exesivo i dispen- 
diosol Castigar con grandes suplicios delitos reputados leves aun por el 
lejislador [no equivaldria en cierto modo a liacer que la pena produjiese 
mayores males que el delito mismo! Pero sin entrar en otras esplicacio- 
ncs sobre este punto,por no ofrecer, como no ofrece en realidad, lugar 
a dudas i cuestiones de doctrina, me permitire observar, que muclios 
codigos modernos ban consagrado formalmente la opinion que aboga en 
favor de los delincuentes, i que la jurisprudencia de los tribunales de 
los pueblos civilizados obra con arreglo al mismo principio (2). 
(1) Dice, el sehor Bello en sus Principi'os de Derecho de Jentes: “aunque la di- 
vision de la herencia muehle de un estranjero se sujete a las leyes del pais en 
quo tuvo su domicilio, noporeso se sigue que la distribucion debe hacerse siem- 
pre por los juzgados de ese pais, con esclusion de los de aquel en que se hallan 
los bienes. Sicndo un deber de todo gobierno protejer a sus ciudadanos cn el co- 
bro de sus eroditos, no seria justo, cuando la sucesion esta insolvente dejar salir 
los fondos i poner a los acreedores en la necesidad de perseguir sus derechos en 
pais estranjero. 
(2) En Fi ancia cl decreto de 23 de julio de 1810; en el N. Reino de Italia el art. 
00 del Codigo penal. En los E.-U. de Colombia el art. 26 de la Constitucion de 
Cundinamnrca. 
