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que los ha asimilado a los militares. Tampoco hai fuero en los juicios sujetos al 
juzgado cclesiastico, en las materias de policia i en las causas de contrabando. 
Si un mililar despues de haber deserlado, se reune a nno o nans militares o paisa- 
nos i junto con ellos coinete robo, homicidio o cualquier otro delilo, en poblado o 
despoblado, pierde el fuero i todos son juzgados por la justicia ordinaria. Tambien 
se pierde por el delito de lenocinio, de resistencia formal a la justicia, desafio pro- 
bado; por fabricar o ayudar a fabricar moneda falsa i por defraudar las renlas fis- 
cales. 
La ordenanza eslablece varias clascs de tribunalcs: l.° Los de los comandantcs 
jenerales de armas a euyos juzgados estan sujetos principalmente todos los ofi- 
ciales de cualquier clase, desde subteniente hasta jeneral inclusive, lanlo en lo civil 
como en lo critninal en delitos comunes que no tienen conexion con el servicio mi- 
litar. El auditor de guerra, que es un funcionario que hace las veces de ascsor, sus- 
lancia estas causas i da su parecer: 2.° Los consejos de guerra ordinarios que juz- 
gan todos los crimenes perpetrados por individuos del ejercito, desde soldado hasta 
sarjento inclusive: 3.° Los consejos de guerra de oflciales jenerales que conocen de 
los crimenes militares cometidos por oficiales desde subteniente hasta jeneral inclu- 
sive, i de otras causas qne se espresan en la ordenanza. 
Lodos estos tribunates juzgan en primer^ instancia, correspondiendo conocer de 
las apelaciones a la Corte Marcial. 
Desp.ues de haber formulado las reglas jenerales i las exeepciones que determinan 
la eompetencia en materia de jurisdiccion criminal, segun la lejislacion vijente entre 
nosotros, paso a indicar los cambios i mejoras que la espenencia i la marcha pro- 
gresiva del siglo parecen reclamar. 
La jurisdiccion de nuestros tribunales militares se holla fundada en el principio 
de la eompetencia personal. Los militares estan sujetos a ellos no a causa de la na- 
turaleza del delito sino en razon de su calidad de hombres pertenecientes al ejercito. 
No se hace diferencia entre causas civiles i criminates, delitos comunes i militares. 
Hablando claramente, no puede llegarse a tal resullado sino despreciando los prin- 
ciples de lejislacion i las nocioncs del buen sentido. 
Para juzgar bien en materia mililar, se requieren conocimienlos indispensables, 
que son un secrelo para el que no ticne la esperiencia de la vida de los campamentos, 
i que ignora los derechos i los deberes del soldado. El juez mililar no se holla esta- 
blecido sino por una evidente necesidad, que fija con precision los limites del 
poder que la lei debe concederle. Si, habiendo des iparecido esta necesidad, el poder 
de juzgar quedase siempre en manos del mililar, se confundirian todas las reglas, 
se cometeria un abuso, una monslruosid ad. Si, como lo dice Bentham, es ncccsario 
entender el arte mililar para apreciar el delilo cometido por un militar; esta espe- 
riencia es superflua e inulil cuando se trata de asuntos civiles o de delitos comunes. 
El lejislador incurre en contradiction cuando, reconociendo el principio jeneral de 
la necesidad de poseer conocimientos especiaies para juzgar bien eierlos negocios, 
concluye por una parte que el juez mililar debe ser el imico llamado a juzgar los 
delitos militares, i no concluye por otra , que este juez es incapaz de leer en el libro 
de las leyes civiles i de apreciar los delitos comunes. 
El denecho comun es la regia jeneral, la jurisdiccion mililar es una exception. El 
lejislador en la redaccion de la lei rei juez en su aplicacion no deben perder de 
vista el principio fundamental, de qui^n caso de colision o de duda el derecho co- 
mun debe prevalecer. ^ 
La necesidad de dar mas ofmenos estension a la jurisdiccion militar varia segun 
las circunstancias de paz. o J guerra en que se encuenlra un pais. En el estndo de 
guerra, la situacion de un ejercito cn campana bajo cl fuego del cnemigo; o de una 
