LNTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO 
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lado habra de encontrar en el representante del Ministerio 
Publico un atiado irresponsable. 
Las garantias del funcionario capitulado estan suficiente- 
mente resguardadas por elTiibunal de Alzada correspondien- 
te quien debera conocer dela causa sea en grado de apela- 
cion o de consulta. I todos sabemos apreciar i rcspetar a 
estos majistrados, llevados a ocupar tan elevados cargos 
despues de haberse hecho acreedores a ellos en largas Carre- 
ras judiciales. 
Dicho capitulado esta tambien garantido per. la lei proce- 
sal penal que ordena deducir la querella solo despues de ha- 
berse entablado, dentro de la oportunidad debida los recur- 
sos que ella franquea para la reparacion del agravio causado 
(en cuyos recursos el tribunal superior, enmendando las re- 
soluciones del inferior hiere de muerte el derecho del recu- 
rrente); i por ultimo, por la prescripcion especial determina- 
da en el articulo 682 del cuerpo de leyes ya citado. . 
Hemos dicho mas atras que el lejislador ha querido dar 
completa independencia a los promotores fiscales para el 
cjercicio de sus funciones i hemos recordado a este respecto 
el articulo 44 del Codigo de Procedimiento Penal al que bien 
podrlamos agregar el articulo 267 de la lei de Organizacion 
de los Tribunales. 
Pues bien, a pesar de esa independencia, hai un caso en 
nuestra lejislacion que no podemos menos de calificar de gra- 
ve absurdo. 
Nos referimos al deber que los promotores fiscales tienen 
de acusar en ciertos casos, quieranlo o no, aunque esten con- 
vencidos que no hai delito, aunque tengan la certidumbre 
que la persona procesada no es delincuente, aunque esten 
ciertos do la inocencia del inculpado, en una palabra, hai 
un caso en que se obliga por la lei a un hombre que ejerce 
altas atribuciones, a quien debemos presumir honrado i co- 
nocedor del derecho a ir en contra de los dictados de su con- 
ciencia a sabiendas de que procede como un automata i solo 
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