LA MUERTE PRESUNTA 
81 
265); para que el menor habilitado de edad pneda apro- 
bar las cuentas de su tutor o curadori enajenar o hipo- 
tecar sus bienes raices (art. 303); para que el menor 
pueda aceptar o repudiar la lejitimacion; para que se 
pueda decretar la suspension de la patria potestad; re- 
pudiar la herencia deferida al pupil o, subrogar los bie- 
nes de la mujer casada, etc., etc. 
Tratandose, pues, de personas a quienes afecta cierto 
grado de incapacidad, como los hijos de familia, los me- 
nores que estan bajo guar da, los dementes, los disipa- 
dores, los sordomudos, los desaparecidos, las mujeres ca- 
sadas, no se pueden ejecutar los actos o contratos que 
les puedan perjudicar, sino autorizandolos el juez con 
conocimiento de causa. I si se trata de bienes raices, 
cuya enajenaeion o gravamen solo puede a ntorizarse 
por razon de necesidad o de utilidad manifiesta, es tam- 
bien preciso que exista el conocimiento de causa. Luego 
este consiste, como hemos dicho anterioimente, en la 
comprobacion de la necesidad o utilidad manifiesta que 
baya para el incapaz. 
Sobre este particular encontramos en las Esplicac-io- 
nes del Codigo Civil, publicadas por la Academia de 
Leyes i Ciencias Politicas, las siguientes justisima? ob- 
servaciones: 
«E1 Codigo usa frecuentemente de la frase «conoci- 
miento de causa», sin definirla nunca. El conocimiento 
de causa supone que se ha establecido por medio de 
informacion sumaria, i con pruebas testimoniales o do- 
cumentales, privadas o publicas, los motivos en que se 
apoya la demanda, i que justifican la decision judicial 
solicitada. Es de elemental necesidad proponer la cues- 
tion en su aspecto verdadero i completo para que cle- 
cida el juez con acierto. El conocimieto de causa se 
ANALES . — JUL. - AG . — 6 
