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ANALES. — DICIEMBRE DE 1864. 
Pero gi la doctrina que establece la necesidad de solemnidades equiva- 
lentes en una promesa a las del contrato, liemos visto que conduce a las 
consecuencias mas contrarias con la voluntad de las partes, tambien lleva 
a otras no menos incompatibles con la intencion manifiesta del lejislador. 
Es claro que este, al dar lugar en las leyes a una promesa, al senalarle nuns 
mismas solemnidades respecto de todo contrato, i al otorgar, en fin, tres 
inedios diferentes a las partes para hacerla efectiva, no pudo en manera 
proponerse otro objeto, que hacer de aquel acto un medio jeneral para ob- 
tener en su virtud i en razon de la fuerza obligaroria que le es inherente, 
el cumplimiento de una nueva obligacion deteminada en aquella i diversa 
de la misma. Pero admitamos la necesidad de que deben satisfacerse en una 
promesa las mismas solemnidades que las leyes prescriben en la celebra- 
cion del contrato prometido, jquesucede? Ninguna dificullad ofrece la res- 
puesta. No sera en adelante una promesa el medio elejido por las paries 
para llegar a la ejecucion de una obligacion que por de pronto no tenian 
voluntad de contraer; ese medio sera siempre en lo sucesivo el mas directo, 
el que lleva consigo la ventaja de ahorrarles dilij encias i formalidades su- 
perfluas, es decir, el contrato misino. Una promesa no es mas entonces 
que una palabra vacia de sentido, un acto que no pudiendo jamas satisfacer 
los fines que el lejislador se propuso que llenara, esta ocupando en las le- 
yes un lugar que' no debiera. Iguales observaciones, en fin, son aplicables a 
la lei misma. Tal es la ultima consecuencia que se encierra en estas breves 
palabras: “la disposicion del art. 1554 no es aplicable a una promesa de 
compra-venta de bienes raices, por cuanto se refiere a las promesas de 
contratos que se kalian juslificadas como los contratos deben serlo con 
arreglo a las leyes.” 
Combatida ya esta doctrina en sus principios i en sus consecuencias 
asentada la contraria sobre bases solidas, i dejandola apoyada con la au- 
toridad de respetables jurisconsultos; solo me resta, para dar fin con la pre- 
sente cuestion, examinar algunas disposiciones del Codigo i de las cnales 
pudiera quiza sostenerse que se infiere, la necesidad al menos, de justificar 
por escritura publica las promesas que se refieren a contratos que deman- 
dan esta solemnidad. Las que pudieran dar lugar a alguna duda, no creo 
que sean otras que las de los art. 1701 i 1491. 
En el primero se dispene que, “la falta de un instrumento publico no 
puede suplirse por otra prueba en los actos i contratos en que la lei refiere 
esa solemnidad; i se miraran como no ejecutados i celebrados aim caando 
en ellos se promela reducirlos a instrumento publico, dentro de cierto pla- 
zo” etc. Luego la promesa que a dichos contratos se refiera, sera tan in- 
dispensable celebrarla por instrumento publico, como es indispensable en 
estos semejante solemnidad. 
Lara desvanecer la aparente contradiccion que parece existir entre esta 
