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sciuairas i tesorerias del Estado. La Constitucion de Pinto, promulgada en el ano 
'23, declara en su art. 17 que “ningun ciudadano podrb ser prvvado de los bie— 
nes que posee o de aqueilos a que tiene lejitimo derecho, ni de una parte de 
c-Uos por pequena que sea, siao en virtud de sentenoia judicial, i que cuando el 
servicio publico exijiere la propiedad de alguno, sera justamentc pagado de su 
valor e in icmnizado de los perjuicios en caso de retenersele.” La cnajenacion 
per causa de utilidad publiga aparece tambien en todas las consliluciones qua 
he cilado, pero be omitido esa parte de los artieulos por no barer a mi objeto, i 
'la he conservado al h abler de !a Constitucion de 28, porque aparece bajo una 
tforma tat, que luego tendre que ocuparme en analizarla. 
Entre las cdnstituciorres anteriorcs a la de 33, no lrai una sola que haya habla- 
do de bienes decomunidad, pucs sc limitan a hablar cle bienes dc personas, de 
'■ciudadams, de cada uno, de fondos nacionales. ^Que razon pudo tener en visla la 
tie 33 para In. Liar de bienes de comunldades, que ariteriornrente no habian sido 
mencionados? Para ml no hai otra quo -la ocupacion de bienes de regulares; 
-ocupacion real 1 efeetiva, -apesar deque fue mui disimulada legalmente hablan- 
do. Es neccsario'hacer una resell a de esle ruicioso acontecimiento que tanpreo- 
eupado mantuvo los animos en aquella epoca; pero solamente espondre la 
parte que liene relation con el tenia de esta Memoria, 
A consecv.sncia de -la guer-ra de la independenulu, de ias guerras civilcs i del 
desarreglo en la inversion de los fondos nacionales, nuestra hacienda publica 
■quedo gravada con una dcuda de scis niillones de pesos, para cuya amortization 
no habia fondos bastantes. El Gobierno creyo que las temporalidades dc los 
■regulares podcian suministrarle medios para salir debt situation dificil en que 
se encontraba. Imperaba entonces la Constitucion de 23, que en la parte que 
Tenia aplicacion al caso decia ; “A ninguno nuede privarsele de su propie- 
dad. ” Atendiendo a la letra de este artlculo, podia el Gobierno apoderarse de los 
bienes ue los regulares sin inf: iojir la Constitucion, porque los nienes de una 
comunidad relijiosa no pertenece cn propiedad a ninguno de los regulares quo 
for man parte de eila, Tanto porque asi lo dispone el derecho canonico, Como 
porque es un axioms dc lejislacion que los bienes de una corporation no per. 
tenecen en todo ni en parte a los individuos que la componen. No obstante el 
Gobierno atendio, i con sobracla razon, al espiritu de la lei, i temioatraer so- 
bre la animadversion publica, pues se le habria mirado como un injuslo deten- 
tador. No se atrovio a despojar de sus propiedades a los regulares, i se conten- 
ts con decir que “para que los relijiosos pudieran a tender mejor a los deberes 
de su ministerio, s : n ser distraido por alenciones, el Gobierno los exoneraba d o 
la administration de sus temporalidades,” i tomb sobre si la obligation de su- 
ministrar !c necesario para cl cults 1 para ia man tendon de los relijiosos. Do 
este modo disimu'o ante la lei el golpe que daba a las comunidades, pues ante la 
iei no aparecia sino como un administrador que prestaba gratuitamente sus ser- 
vicios, cuando en realidad ss Lacia audio deuur, parte de las rent as do regulares. 
Todo esto se dispuso cn un supremo clecreto de 6 de seliembre de 1 8 ? 4 ; pero al 
poco tiempo, en lb de octubre uel mis mo ailo, se darlarb que los bienes de re- 
gulares queuaban “ineorporados” a la Hacienda Publica, disposicion ambigua 
en la lelra, pero cuyo senndo era que los bienes de regulares debian someterse 
a las rmzmas regloo do administracion que los bienes nacionales. El 26 de ages, 
to de 1826, se did un paso mas, inandandcse por medio de una lei que lop Lie- 
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