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lado o e] sitilema cle gobierno.” Eti el primer caso tiaba accioii personal al 
iiijuriado para aciisar el impreso, i en el segundo la accionera popular com- 
pitieudo esperialmente su ejercicio al ministerio fiscal. Esta clasificacion de 
delitos, clara i sencilla, comprendida en un solo articulo, el 2.® de la lei, era lo 
bastaiite si se atiende a las garantias de su aplicacion. Si la justicia ordi- 
naria hubiera sido llamada a aplicarla, habria sido aquella deficiente idefec- 
uosa, por cuanto hubiera dejado un vasto campo a la arbitrariedad i al abu- 
so; pero no a'si, aplicada por un tribunal de jurados, que debe fallar en con- 
ciencia i sin ceuirse a las minuciosas i estrictas trabas de una lei. 
La junta llamada protectora de la libertad de la prensa debia componer- 
se, segun el art. 4.°, “de siete iudividuos de ilustracion, patriotismo e ideas 
liberales,” i su nombramieuto lo establecia el art 5 .° en esta forma: “El Ss- 
nado, el Cabildo i la mi.sma Junta que acaba, forman cada una por vota- 
cion secreta una lista de quince iudividuos, que tengan los requisites ne- 
cesarios para entrar en la junta protectora. Estas li'stas se pasan al Gobier- 
no, quien, a presencia de los tres cuerpos proponentes, hard poner un can- 
iaro tantas cedulas cuantos iudividuos contienen las tres; i se sacaran a 
la suerte veintiuna cedulas. Los iudividuos de las siete primeras son los 
vocales de la junta, i los restantes suplentes para los casos de recusacion, 
enfermedad o implicancia de los propietarios.” El ejercicio de sus fun- 
ciones solo duraba un ano. Ssgun se ve, esle procedimiento simple i natu- 
ral, daba todas las garantias apeteciblespara el acierto de la eleccion. El ju- 
ramento que los miembros de la junta debian hacer, segun el art. 6.°, se re- 
ducia a “sostener en cuanto fuere justo el derecho de los ciudadanos a publi- 
carsus escrilos.” 
En caso de acusacion, el acusado podia recusar sin espresar causa hasta 
diez vocales, i en todo caso debia ser oldo un senador nombrado por el 
Senado con la “comision especial de velar sobre la libertad de imprenta,” 
sin que ningnno pudiese, ser condenado faltando la audiencia de este majis- 
trado. El fallo de la primera junta era apelable ante otra segunda, com- 
puesta de otros siete vocales, distintos de los que compusieron aquella 
Declarado de esta manera el abuse, las justicias ordinarias debian conocer. 
del delilo i aplicar las penas correspondientes. Sensible es que la lei no co- 
metiese tambien a los jurados esta importante atribucion, aunque debe te- 
nerse presente que los casos de aplicacion de penas debian ser bien raros, 
atendidas las multiplicadas garantias i precauciones protectoras de la liber- 
tad que tenian que preceder a la declaracion del abuso. 
Lo que causa un verdadero desconsuelo es que las bellas disposicio- 
nes relativas a la libertad de la prensa, que contiene la lei que analizamos, 
se oscureciesen perdiendo en cierto modo su merito con lo prescrito en el 
art. 8.®, que establecio la censura previa del Ordinario Eclesiastico i de un 
vocal dc la junta protectora para los escritos relijiosos. Fijo ademas un 
