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ta obligado a aciisar por SI oapoilerado eii el tennino do la lei, qiiedando 
de hecho suspeii.so del ejercicio de su empleo, si no lo hiciere, i el fiscal eii cl 
deber de acu.sarle con el mismo inipreso ante el Tribunal competente. Esta 
disposicion, vijentc hasta 1846, no estuvo jamas en practica, annque habria 
sido mui poderosa i eficaz para moralizar a los einpleados i dar a la so- 
ciedad unasolida garantia del buen desempeilo de los destinos publicos. 
Por lei de 27 de setiembre <le 1830 dispuso cl Congreso de plenipoten- 
ciarios que se nombrasen sesenta jurados, en lugar de los cuaventa que de- 
bian nombrarse anualmente por la lei de 11 de diciembre de 1828; i que 
en vez de recusarse diez, como esta perinitia, se pudieran recusar hasta quiu- 
ce, A esta disposicion se le dio por el art. 5.^ el cardcter de transiloria, 
lo que ciertainente causaria estraileza, si no revelaran los antecedentes 
haber sido dictada teniendo solo en niira efiinero-s intereses de partido, 
Esta misma circLinstancia nos csplica la inobservancia del decreto de que 
acabamos de liablar, relativameate a la obligacion de acusar da los em- 
pleados. 
En la Con.stitucion polltica vijente, ])roniulgada el 25 demayo de 1833, se 
encuentra consigrtado el principio delalibertad de iinprenta en los siguien- 
tes terininos: “Art. 12. La Constitucion asegura a todos los habitantes de 
la Uepublica. ... 7.® la libertad de publicar sus opiniones por la iinprenta 
sin censura previa, i el derecho de no poder ser condenado por el abuso de 
esta libertad, sino en virtud de an juicio en que se califique previamente 
el abuso por jurados, i se siga i sentencie la cau.sa con arreglo a la lei.” Co- 
mo esta declaracion jeneral en nada se oponia a l.as prescripciones de la lei 
de 11 de diciembre de 1828, siguio esta rijiendo, como ya lo hemos ob- 
servado, hasta que fue derogada por la lei vijente de 16 de setiembre de 1846? 
de la cual nos toca ahora ocuparnos, haciendo de ella uii iijero analisis, 
comparativo con aquella. Esta comparacion nos hara ver como todas las 
innovaciones introduc.idas redundan en mengua de la libertad, sin que se 
estableciese una sola flivorable al precioso derecho que habian tratado 
nuestros padres de rodear de las mas amplias i solidas seguridades. 
Principia la lei vijertte en su titulo 1.® clasificando los delitos de inipren- 
ta, en lo que sigue la division de la de 828, en cuanto esos delitos pueden 
atacar el orden publico, la relijion del estado, la inoralidad publica o la 
vida privada de los individuos. Pero al hacer esta elasificaciou, tan scncillu 
segun la lei derogada, enlra en multitud de consideraciones vagas, capaces 
de diversas apreciaciones i que solo pueden conducir a suscitar dudas i 
confusiones en el animo de los jurados. Que a los jueces de derecho se 
prescriban reglas fijas i precisas para hacer imposible la arbitrarieda<d, es 
no solo conveniente, sino tambien necesario; pero lo coutrario debc prac- 
ticarse con los de hecho, que solo pronuncian fallos de conciencia, i a 
quienes debe dejarse la posiHle latitud para que desompctlen su rnision scgun 
