33S ANALES — SETIEMBRE »E 1861. 
insolvencia no proviene cle ningun acto cle mala fe, sino de errores, acci- 
dentes o desgracias a cpie estan espuestos los hombres de negocios. Es 
a el a quien incumbe la prueba de su incuipabilidad, no a su acreedor, 
porque es el quien posee todos los medios de acreditar si es, o no, ino- 
eente. For esto debe exijirse que el que se presente en estado de falencia, 
de cuenta del estado de sus negocios i de las operaciones que ban ocasio- 
nado sus perdidas, con los rejistros, libros i documentos que acrediten 
que lia procedido con el orden, circunspeccion, prudencia i arreglo con 
que deben hacerlo los que manejan grandes intereses. El que no haya 
procedido de ese modo, el que haya estado manejando los intereses que 
se le ban confiado sin darse cuenta de sus operaciones, ni proporcionarse 
el medio de saber si le son utiles o perjudiciales: en una palabra, el que 
no baya llevado una contabilidad arreglada, es sin duda un hombre de 
mala fe, o por lo menos culpable de una incuria i neglijencia punibles, 
que produce los mismos funestos resultados que el fraude. 
En los paises mas adelantados en civilizacion, i en donde las buenas 
leyes han favorecido el progreso de la riqueza, dando garantias a la pro- 
piedad, la leiexije que el fallido de cuenta de sus negocios i operaciones 
con los rejistros, libros o documentos que puedandar testimonio deque 
ha procedido con lealtad. Si no lo hace, por la misma razon es reputa- 
do culpable, porque hai las mas fuertes presunciones de que el desor- 
den con que ha procedido procede de una insigne mala fe, o de una 
incuria o neglijencia punibles. Las leyes hacen responsable de la culpa, 
lata al depositario neglijente, i le castiga obligandole a resarcir el per- 
juicio resultante de su incuria. Hai la misma razon para castigar al que 
no puede dar razon de los motivos que le imposibilitan para devolver 
lo que se le ha prestado porque no ha llevado cuenta de sus operacio- 
nes, ijusto es que la lei le imponga unapena: la prision es justa en este 
caso. 
De lo espuesto se deduce : que seria conveniente limitar la facultad de 
hacer cesion de bienes a los que por la naturaleza de los negocios en que 
sc ocupan necesitan hacer muchas operaciones a credito ; que no debe 
eoncederse a las juntas de acreedores la facultad de hacer concesiones 
al deudor por acuerdo de la mayoria de ellos ; que debe propenderse a 
quo toda quiebra quede liquidada al terminarse el juicio sobre ella, de- 
jando al deudor libre de toda responsabilidad por lo que no alcance a 
cubrir, i evitando que los malos efectos de la falencia se prolonguen con 
csperas obtenidas por colusion o de otro modo ; i que la prision no debe 
aplicarse por deuda, sino en los casos en que haya evidencia o presun- 
cion vchcmente de que ella ha sido contraida o dejada de pagar con 
fraude. 
t orneto estas observaciones a los ilustrados i distinguidos miembros de 
