EFECTO RLTilOACTiYO LIE LA LEI. 
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defraudado ni aim de una esperanza que no pudo abrigar de buena fe. 
En seoundo lugar, su accion es personal ; i ba;o este aspecto hemos 
demostrado anteriormente que las que tienen estc caracter se sujetan en 
todo a la nueva lei, de modo que si esta les niega su existencia legal, 
no nuede menos que considerarseles como si no hubiesen existido jamas. 
Si el beneficio de restitucion no existe en cuanto a los contratos u 
otros actos del menor, <;oual sera su valor, si en virtud de el se tratase 
por ejemplo, de abrir uu nuevo termino de prueba? Aunque este caso 
es mui dudoso, yo estoi siempre por la negativa, i negaria lugar a una 
solicitud de esta naturaleza. En este caso, como en el anterior, la res- 
titucion tiene el mismo orijen, el mismo fundamento : la debilidad que 
se supone en la razon del menor, o bien sea, el poco celo con que se 
administran los bienes ajenos, respecto del tutor o curador : el mismo 
objeto aparece en ambos casos, facilitar los medios para reponer los 
danos que por aquel motivo se bubiesen ocasionado. La regia debe, 
pues, ser jeneral, i abrazar el privilejio en todas sus faces. 
Pero se dira : que esto seria dar al Codigo una latitud que no tiene, 
haciendolo compreuder puntos de mera tramitacion que son extrahog 
a su caracter. Para desvanecer este argumento nos bastard recordar lo 
que hemos observado, tratando de la facultad que concede el Codigo 
a los menores habilitados de edad para presentarse en juicio sin curador 
ad litem. En este caso, como en el que ahora nos ocupa, no debe con- 
fundirse el derecho que se concede o se niega, con el modo de ponerlo 
en ejercicio. Lo primero pertenece al Codigo civil ; lo segundo al de 
enjuiciamiento : de aqui resulta que, abolido el privilejio de restitucion, 
en jeneral, no podria reclamarse el que se concede respecto de algunos 
terminos judiciales en materia de tramitacion, pues han quedado eom- 
prendidos en la disposicion del articulo 1686. En efecto, despues de 
esta prescripcion, <;se podia conceder en el Codigo de Enjuiciamiento’ 
privilejios semejantes a los que tenian los menores, conforme a la lejisla- 
cion espahola, en cuanto a los procedimientos? Es indudable que no; por- 
que de otro modo seria romper la uniformidad que debe existir entre 
este Codigo i el civil. Esta sola consideracion bastaria para conren- 
cernos de que la restitucion de los menores ha sido abolida en toda su 
extension : ya sea que se trate de contratos, ya de terminos en los proce- 
dimientos. Acaso bajo este segundo aspecto se hacia sentir mas impe- 
riosamente la reforma. 
Reasumiendo cuanto hemos expuesto en esta Memoria, notaremos : 
que al tratar del efecto retroactivo de las leyes, debe tenerse presente 
la distincion import-ante que hemos establecido entre las dos partes en 
que pudiera divisarse la lejislacion. La primera, es la que versa sobre 
el estado de las personas i nos confiere los derechos denominados rea- 
les. La segunda trata de los derechos quo tenemos sobre las cosas 
