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III. 
M. Blondeau (3) ha creido hallar la regia que buscamos en el prin- 
cipio de utilidad. Segun el, “si el mal de destruir las esperanzas forma- 
das bajo el amparo de la lei antigua es menor que el de conservar aun 
a esta lei, reconocida como mala su perniciosa influencia, el lejislador, 
que por lo regular no tiene mas que elejir entre dos males, no debe tre- 
pidar en hacer inmediatamente ejecutorias las disposiciones de la nue- 
va lei.” 
Prescindiendo de que tal regia se dirije mas bien que al juez, al lejis- 
lador, como un consejo de prudencia que debe guiarle para dar o no in- 
mediato efecto a sus disposiciones, ella dista mucho de aproximarse a la 
solucion clara i precisa que buscamos. Desde luego, la utilidad jeneral, 
la utilidad del mayor numero, no se presenta siempre de una manera 
bastante perceptible a la razon del majistrado : iaunque se le presenta - 
se en algunos casos, esa utilidad podria variar deun momento aotro> 
pasando la minoria a convertirse en mayorla, como no es raro que acon- 
tezca en las evoluciones que experimenta una sociedad. De manera que 
la utilidad del mayor numero no podria conducir siempre a resolucio- 
nes uniformes. I en seguida, seria impropio que en el conflicto de dos 
bntereses individuales fuese a tomarse por norma de la decision, no el 
interes que precisamente se controvierte, sino otro que bien pudiera ser 
completamente ajeno al interes de los contendientes. 
M. Prudhon (4) admite como un principio de la mayor evidencia: 
que las leyes reguladoras del estado civil de las personas, pertenecen 
esencialmente al orden publico, i quedan por consiguiente sujetas a los 
cambios que, segun hemos visto, pueden experimental*, sin que nadie 
pueda quejarse de que se le arrebatan derechos adquiridos en una ma- 
teria, de la que nada puede salir del dominio del soberano que dispone 
de ella. En lo concerniente a otras especies de relaciones jundicas, este 
jurisconsulto invoca en apoyo de sus decisiones el principio de los dere- 
chos adquiridos. Las consecuencias que se deducen del primero de esos 
principio?, podrian poner en serios conflictos la situacion de personas 
mtimamente ligadas por la naturaleza. Un esposo estaria siempre lleno 
de desconfianzas por la suerte indeoisa de las relaciones que le ligaban a 
su es'posa i a sus hijos ; puesto que estando pendiente su situacion de la 
voluntad del lejislador, nada hallaria en la sociedad que le asegurase 
contra el cambio, siempre posible e inminente, en su condicion actual. 
Es verdad que las leyes reguladoras del estado de las personas no son 
susceptibles de conferir derechos adquiridos, mientras dicho estado per- 
(3) Themis, tom. 7. ° p. 294. 
(4) Tom. 1.® cap. 4.° sec. I. 113 del estado de las personas. 
