AXALES I>K LA UNIVERSIDAD — FEEnEEO DE 1S72. 5^7 
es raro piiesto que al clictarse esta lei ya estaban establecidas las 
juntas por la lei cle comisos cle 12 de octubre de 183G; i decipios 
que nos parece raro, porque la de recusaciones fue raui minn* 
ciosa al enumerar los diversos funcionarios i desijrnar las corres- 
pondientes cpusignaciones. 
Si bien por analojia podria,i\ considerarse los miembros de la 
junta entre los jueces 0 tribunales de iirimera instancia, como 
los miembros de los consuladps, los^de los consejos de guerra, 
etc,, para cuya recusacion la multa consignada ba de ser de 
40^ pesos, sin embargo, babiendo enuraerado la lei taxatiyamen- 
te los funcionarios i las multas, puede tarabien sostenerse que; 
nd babiendo nada dispir^esto^ nada puede exijirse, como siicede 
en la a-pelaclan d^el ar.ticqlo de implicancia en q ue, a pesar de re- 
querirse espresamente la consignacion de una multa, no secum- 
ple con esa disppsicio.n, por no baberla lijado la lei. No puede 
descorlocprse, que estauftima opinion contradice terminantemen- 
te los preceptos de la lei; pero,' en la disyuntiva, optamos por 
el,la. P.udiera objetarse que esta fijada la consignacion para el 
jirez d,e comercio i que, recusandpse a este, desaparece la dificul- 
tad,que heipos apuntadp. Aunque esto es ciertp, siybslste aun el. 
iucpnvenlente,' pues el j,uez de comercio, que lo es tambien de 
baiciendaj aV former parte dp, la junta debe cousiderarsele como 
miembro de ella i no en su caracter de juez de comercio. 
■(iQuien debe conocer del articulo de recusacion?, H,e aq^qi ptra 
didcultad mas grave q,ue la anterior. La lei de febrero de 1837 
vuelve a endmerar ide un mpdo taxativp a quienes cp.rrpsponde 
el conocimlento del articulo, segun sea el recusadp, i vuelve 
tambien aolvid.ar a los miembros dpi tribunal, de comjsos. 
Si se qu.iere applar a la analojia eu los funcionarios, tampoco 
p.uede llegarse a una solucior). En efpcto, si cpnsideramos a los 
miembros de. la junta entre los de los consulados i demag juece®, 
que eiiumera el. art. G4.de la lei de 1837, deberian conocer de su 
recusacion los alcaldes ordinaries, o en su defecto, los rejidores, 
con apelacion al juez letrado de primera instancia. Si se les co- 
loca entre los jueces letrados, corresponde la resolucion del arti- 
oulo a los misrnos alcaldes o rejidores, pero con apelacion al 
intendente de laprovincia (Art. G5 dicba lei). 
'Ejemi)los tenemos de que la aualojia en estas raaterias no es 
legla qu'e'dpbfc guiarnos,, pues si alguna podria alegaise, es 1^^ 
