ANA.LES DE LA tJNIVERSlDAD. — FEBRERO DE 1870.’ 49 
o;urrir don Jose Maria Infantes i don Jose Isidro Saez, que se su« 
ponen agraciados, a la autoridad superior gubernativa competente. 
Pirmados ; — I rarrazabal . — Renjifo. — Montt. — Vial . — Prieto. — Ega» 
iia, — Eyzagiiirre. — Pinto. — Alcalde. — Tagle.” 
Por no prolongarine demasiado, quiero suponer que la precedente 
resolucion tenga todo el alcance que se le alribuye, coino igualmenle 
las sentencias de los tribunal es que al efecto se citan. Siendo todas 
anteriores a la lei de 8 de noviembre de 1854, i aunque no lo fue- 
ran, [podria sostenerse lo que se prelende despues de dictada esta, que 
a la vez interpreta el art. 128 de la Conslitucion? Oreo que no. El 
art. 118 de la citada lei, del cual ya he bablado mas arriba, sujela 
las aguas a la accion de las inunicipalidades solo mientras corren por 
el cauce natural i ordinario. Sacadas de la corriente comun, no tie- 
nen mas accion sobre ellas,segun el mismo articu!o,qu9 la de dictar 
reglas jenerales de policia. Segun esto, ^no es evidente que si se sus- 
cita una euestion sobre distribucion o repartimient.o de aguas de do- 
minio particular, no es el poder administrativo el competente para 
conocer deella,desde que esas aguas ya no corren por el cauce na- 
tural i ordinario que es el del rio dedonde se ban sacado, sino por el 
artificial trabajado por sus respectivos duefios? Sin duda alguna 
que si. 
Por identica razon,no debemos aceptar la intervencion de los go- 
bernadores departamentales en la reglamentacion de las aguas de los 
canales o acequias de particulares. Aunque dicha intervencion esta ea 
cierto raodo sancionada por la casi universal costumbre del pais, es 
no obstante, enteramente ilegal i no estriba en fundamento alguno. 
No siendo los reglamentos de los mencionados canales o acequias 
mas que unos contratos simplemente privados que celebran los di- 
versos interesados entre ellos para distribuirse con mayor regularidad 
sus aguas, i teniendo solo en mira su interes individual, no hai razon 
I alguna para que en su furmacion i ampliamiento intervengan los es- 
it presados funcionarios. Si se quiere acompanar algunas solemnidades 
^ especiales a su otorgamiento, no hai mas que ocurrir a un escribano 
■! publico. Por lo demas, la infiaccion de ellos i la aplicacion de las 
penas en que incurran sus infractores, desde que se trata de hacer 
cumplir obligaciones meramente civiles, seran siempre materia de 
la juridiccion ordinaria. 
Q,ueda aun que hablar de los robos de agua i de la autoridad quo 
de ellos debe conocei. 
A. DE LA u. 
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