MEMORIA.S LITERAEIAS. 
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hocimiento a la autoiiilad gubernativa. Avm hai mas: no puede es(a, 
sin violaf el art. 160 de nuestro co'Iigo fundamental, anogarse mas 
atribnciohes que las qiie espresamente le liayan .conferido las leyes. 
Si ninguna disposicion legal le ha olorgado a dicha autoridad la alri- 
biicion de que me ocupo, i si aim su ejercicio seria irifraclorio del art. 
108 de la misma Constitucion, ^podra soslenerse que tal atribucion le 
corresponde por derecho? 
Secree, no obstante, poralgunos que la jurisdiccion en asuntos de 
agua corresponde en la mayor parte de los casos, sobre todo cuando 
setralade reglamentar aguas de dominio pailicular, al poder adminis- 
frativo. Paraello sefundan en el art. 128 de la Constitucion, en una 
resoluecion del consejo de Estado del ano41,i por fin, en varias 
sentencias de los Iribunales. 
Veamos cual es el valor de estos fundamentos. 
En primer lugar, ninguna disposicion trae el art. 128 de la Consli- 
tucion, que se cita, a no ser aquella en que encarga a las municipa- 
lidades la promocion de la agricultura, que pueda tener relacion al- 
guna con el asunto en cuestion. Si el deber impaesto a aquellas 
corporaciones de promover la industria agricola bien puede ser una 
de las razones que ha tenido presente el lejislador para otorgar al 
poder administrative la facultad de conceder mercedes de aguas, de 
ninguna manera puede deducirse igualmente de el, sin lei espresa 
que lo diga, el derecho conferido a aquel poder para couocer en las 
cuestiones privadas i meramente civiles que sobre agua se suscitan. 
Por identica razon,podria tambien sostenerse que la autoridad gu- 
bernativa debia intervenir en todas las causas comerciales, desde que 
elrnismo articulo coristitucional encarga alas municipalidades la pro- 
mocion del comercio. 
La resolucion del consejo de Estado que se suela citar en apoyo 
de la opinion que estoi combatiendo, de que he hecho mencion, se 
dicto con ocasion de una competencia suscitada entre la Ilustrisiina 
corte de apelaciones i la municipalidad de Santiago, sobre la auto- 
ridad a que correspondia conocer i decidir acerca de las cuestio- 
nes que sobre repartimiento i curso de agua se suscitasen. Dice asi: 
“Santiago, noviembre 25 de 1841. — Vistos: se declara que en 
virtud de lo dispuesto en el art. 128 de la Constitucion, correspon- 
de a la municipalidad, i de consiguiente a su delegado, la potestail 
economica sobre el curso i repartimiento de las aguas, i que por 
lanto, no ha clebido el juez de letras conocer en esta materia sino 
