MEMORIES LITEEARIAS. 
44 
nalivo es el qiie administia la fortuna publica, si esta se encuentra 
bajo la inmediata diieccion de el, ^ciial olio podra aventajarlo en 
niejor conocimiento de la convenieueia o disconveniencia de hacer 
0 negar tales concesioiies? ^Q,nien, por oira parle, podia calcular de 
tin modo mas cabal i exacio la mayor o menor necesidad de los 
solicitantes, qiie la aiiloridad giibernaiiva, que es la que ejerce uiia 
accion mas inmediata i direcla sobre los gobernados que niiiguna 
otra? Noliai, pues, duda alguna deque esias circunstancias colocan al 
poder gubernalivo en una situacion mucho mas ventajosa que la de 
cualquier olio poder, para otorgar las mercedes de aguaj circunstan- 
cias que el lejislador no pudo menos de tener en cueiita al concederle 
espresamenle esia facullad. 
Hai aim otra razon en favor de la disposicion legal citada. El 
num. 2 del art. 128 de la Conslitucion encarga a las municipalida- 
des la promocion de la agricultura. ^No importara esta atribucion la 
facultad de emplear los medios que a ese fin llevan, de usar i dispo- 
nerdel elemenlo indispensable i necesario para el desarrollo de aquel 
imporlantisimo lamo? El deber que nuesira carta fundamental impo- 
ne a la antoridad adininistrativa de foinentar la industria agricola ^no 
llevara envuello el derecho reciproco de dar a los parliculares que 
a ella dedican su tieinpo i trabajo el agua que fecundiza las tierras, 
multiplica los frutos de los campos, da vida i vigor a la vejetaciori? 
Evidente que si. 
El lejislador, pues, al esiampar en sus disposiciones la facultad 
del poder adminisirativo para conceder mercedes de agua, no ha 
hecho otra cosa que reconocer en cierto modo un derecho incuestio- 
nable de ese poder, derecho que tiene su fundarnenlo no solo en la 
lojica razon sino tambien en nuestro codigo fundamental. 
Corresponde en segundo lugar a la autoriilad adininistrativa la dis ■ 
tribucion o repartlmieulo natural da las aguas de los 7’ios eiitre sus 
diversos iuteresados por medio de reglanientos dictados al efecto. 
Esta atribucion, a mas de corresponderle por la naturaleza de ella, 
pues la circunstancia de ser los rios bienes publicos los hace depen- 
der en cuanto a su gobierno i vijilancia de aquella autoridad, esta 
tambien sancionada i esiablecida en varias disposiciones legales. 
Segun el art. 118 de la lei de 8 de noviembre de 1854, los rios 
1 demas corrientes de aguas del uso comun de los habitantes, estan 
sujelos a la accion de las municipalidades, en cuanto a establccer 
rcglas para el buen uso de las aguas, mientras correu por el cauce 
