320 MEMORIAS LITEEARIAS. 
Ea la parte de la Constitucioii relativa a las atribuciones del 
cougreso i especiales de cada camara, se ban declarado reforma- 
bles el inc. 6.“ del art. 36 i el procedimiento para la aciisacion de 
los funcionarios a que se refiere la segunda parte del art. 3S. 
El inc 6." citado enumera, entre las atribuciones del congreso, 
la de autorizar al presidente do la Kepiiblica para que use de fa- 
cultades extraordinarias, debiendo siempre sefialarse espresamente 
las facultades que se le conceden i fijar un tiempo determinado a 
la duracion de la lei. La reforma indicada por la comision i que 
limita las facultades del congreso, probibiendole que pueda con- 
ceder la de suspender las garantias individuales, parece aceptable 
i conveniente. 
Por lo que respecta a los tramites que se establecen en el mis- 
mo j)royecto para la acusacion de los ministros del despachoi de- 
inas altos funcionarios a que serefiere la segunda parte del art. 
38, creo que liacen menos dibcultosa la persecucion de las acusa- 
ciones i que dan mayores garantias a acusadores i acusados. 
Pero lial aqul un punto grave. El senado debe, segun el art. 
98, juzgar al ininistro acusado ejerciendo un poder discrecional, 
ya sea para caracterizar el delito,ya para dictar la pena, i su sen- 
tencia no admite apelacion ni ningun otro recurso. Este artlculo 
confunde i aglomera en el senado dos atribuciones que es precise 
deslindar. El dereclio de juzgar debe solocorresponder a los tribu- 
nales nombrados para ello, i que se componen de personas que 
prestan toda garantla por sus luces, intelijencia, probid ad e 
independencia. El senado, cuerpo politico, no puede ni debe por 
su uaturaleza desempenar funciones judiciales. Solo por causas es- 
peciales i escepcionales podria darsele tales atribuciones, i en este 
easo, limitadas esclusivamente al objeto que sepersigue. Siliaira- 
zones de publico intercs en liacerlo juez de ciertos altos funciona- 
lios publicos, su esfera o la apreciaciou del delito debe circuuscri- 
birse al lado o efectos politicos del crimen, reservaudose, como en 
los Estados-Unidos, a' los tribunales ordinarios el juzgamiento i 
castigo del delincuente. 
En efecto, segun la Coiistitucion de aquella Eepublica, el sena- 
do tieae el derecho esclusivo para juzgar, a los empleados publi- 
cos; pero, “la sentencia, en caso de acusacion contra funcionarios 
publicos, no excedcra de la privacion del empleo e inhabilidad para 
