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tiva esa disposicion. Prcscindicndo de cstc error, sicmprc cs pro foriblc lo prcscrito 
para las implicancias. Si algunn vez es iilil cxijir multa, solo puede estableccrsc para 
cuando se apele de la scnteneia. La multa no liene olro objeto patente quo castigar 
las interposiciones maliciosas de estos rccursos: eslo supucsto, pungamos el caso 
de quo, enlablados, el juez declare hallarse comprendido en alguna causa de impli- 
cancia o recusacion. ^Quc objeto pudo toner cntonces la consignacion de esa canti- 
dad? Ninguno; ha side un tramite inulil i perj udicial. Por el contrario, el iuez dire 
«no ha lugar al recurso,» i se apela ; entonces si quc puede existir con inucha mas 
razon malicia; va a removerse un asunlo sobre el que ha caido ya una resolucion, 
quo si no irrevocable, dcsde que sc perinite la apelacion, Neva sin embargo consigo 
las probabilidades del acierto de un examen. Si puede pucs existir malicia, justo cs 
castigarla, haciendo perd er al apelante la sums consignada, sicmpre que se confirme 
la sentencia. Con todo, mejor scria suprimir completamente estas multas, que en 
nada alivian al litigantede buena fe. No es justo ni racional que sea el fisco quien 
lucre a consecuencia de un procedcr, que solo afecta a una persona determinada, en 
cuyo unico bcneficio debcrian rcdundar los manejos fraud ulentos de su contrario- 
No hai masrazon para exijir multa en estecaso, que para exijirla en todas las apelncio- 
nes:por consigui,ente, condenar en costas al promovedor del articulo, una vez con* 
firmada la sentencia, seria mucho mas conforme al objeto de la lei. 
Mas adelante hemos espuesto que las decisiones quc recaen sobre los articulos da 
recusacion son tarabien inapelables por la naturaleza de los jueces que las dictan. 
Asi lo vemos dispuesto en el articulo 66 que trata de las recusaciones del coman- 
dantc jeneral de armas, dal auditor i miembros de los consejos de guerra : los llama- 
dos a conocer en etlos lo hacen en unica instancia. Igual disposicion se establece 
acerca de la recusacion de los Intendcnles i Gobernadores, del Rojente i Ministros 
de ambas Cortes, miembros del Consejo de Estado, Scnadores i Comision Conserva- 
dora ; por ultimo, se hace estensiva la misma doctrina a las senleneias de los alcal 
des, que conocen de la recusacion de los inspeclores i subdelegados. Natural es quo 
ambas Cartes de justicia decidan en unica instaneia la recusacion de sus ministros 
respcctivos, porque no hai tribunal competente que pueda recusar sus disposiciones : 
natural es tambien seguir el mismo principio respcclo de la Corte Suprcma que Co- 
noco de la recusacion de los miembros del Senado i Comision Conservadora; pero 
que sea el Senado quien tramite la de los Consejcros do Estado, es ciertamcnte irre- 
gular i arbitrario; es confundir las alribuciones de los diversos cuerpos constiluidos, 
disponiendo quc el lejislativo so mezcle en la esfera destimda al judicial ; aunque es 
preciso confcsar que el mal viene en esle punto de mas alto. 
Hacer por otra parte inapelables las decisiones del alcalde, oficial de mayor gra- 
duacion i Comandantc Jeneral de Armas, es eslablecer una disposicion caprichosa, 
i algo mas que caprichosa, funesla a las garanlias individualos. Si no hubiese un tri- 
bunal competente de apelacion quo pudiesc rever la causa , dictcse enhorabuena una 
disposicion de la inanera espresada ; pero ese tribunal cxislo o puede existir sin gran 
trabajo. 
El alcalde es el que conocc en unica instancia de la recusacion del subdclcgado e 
insDector ; salta a la vista cl inconvenientc que puede resultar de establcccr esta gra- 
duacion : el inspector o subdclcgado puede residir en un punto bien distante do 
aquel en que se encuentro cl alcalde : i segun dicha graduacion sc veran obligadas 
las partes, o bien a renunciar a su derecho, o a pcrseguirlo haciendo un gasto crecido 
por una demanda insignilicante. 
Del articulo de recusacion de los alcaldes i rejidoros conocc cl Gobcrnador depar- 
tamental con apelacion al juez, lolrado. .’.Quo objeto puilo tenerse on vista al llamar 
al Gobcrnador un asunto judicial de quo no puede estar instruido por la naturaleza 
