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tigo lijero. Sabido es que la pena de azotes es por su natural eza 
infamante en sumo grado; poco importa el niimero o cantidadque se 
aplique; en mi concepto tanto infama un azote como doscientos. 
Ahora bien, como los Subdelegados regularmente no conocen el de- 
recho, i ademas tramitan verbal i sumariamente las causas sometidas 
a su conocimiento, no conviene de ninguna manera que se les deje la 
facultad de aplicar la pena de azotes, ni la de seis meses deprision: 
pues noes justoque el honor de un ciudadano o su libertad personal, 
d»rante seis meses, dependan del capricho o torpeza de hombres ig- 
norantes de la lei i que faltan regularmente por conciencia. Los Sub- 
delegados pueden muchas veces aplicar estas penas en ciertos casos 
en que creen que hai pruebas ciertas de criminalidad; cuando en rea- 
lidad solo existen presunciones o apariencias de delito. No es esto 
solo: el supremo decreto de "25 de noviembre de 1853 ordena que se 
suspenda la ejecucion de las sentencias que pronuncian los Tribunales 
de Santiago cuando se imponga la pena de muerte, de azotes o de 
vergiienza pnldica, I'nterin el Consejo de Estado decide sobre el re- 
curso de indulto que se interponga de dichas sentencias; mientras 
los Subdelegados, con menos conocimientos juridicos que los Tribu- 
nales de Justicia, pueden aplicar la pena de azotes sin dar lugar 
siquiera a que se solicits indulto; i esto por que? — Porque los Subde- 
legados solo pueden aplicar los azotes hasta el numero de cincuenta! 
Es digno de observarse tambien que el recurso de apelacion da esca- 
sisimas garantias a loslitigantes que siguen juicios civiles o criminales 
ante los Subdelegados. Sabido es que este recurso, por su naturaleza, 
debe seguirse ante el juez o tribunal superior, para que este enmlende 
el agravio que irroga al apelante la sentencia del juez a quo. Este 
principio, que puede decirse es un axioma de derecho, sufre una es- 
traha escepcion en las causas de .que conocen los Subdelegados, pues 
siendo en estas causas el juez de alzada de igual categoria que el juez 
de primera instancia, carece de las facultades economicas i correccio- 
nales deque debiera estar investido para velar sobre la conducta fun- 
cionaria del juez a quo. Sucede ademas no pocas veces que un Sub- 
delegado lego revoca por ignorancia la sentencia justa que ha pronun- 
ciado otro Subdelegado conocedor del derecho. 
Todos estos males, i muchos otros que seria dificil enumerar, 
se evitarian facilrnente estableciendo Jueces letrados de menor 
cuantia que tramitasen i decidiesen en segunda instancia los juicios 
