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MEMOKIAS CIlCNTiFlCAS I LITEUAJUAS. 
Ill de la Carta fundamental, i no en el articulo 38 de la 
misma, el modo i el juez ante quien haya de deducirse la 
acusaeion por cualesquiera de los mencionados delitos. 
La lejislacion anterior a la lei de 15 de octubre de 1875 
era deficient^ i defectuosa sobre la materia. 
La acusaeion contra los jueces de letras se presentaba 
por medio de querella de capitulo ante la Corte de Ape- 
lacion respect! va, la que conocia en primera instancia con 
recurso para ante la Corte Suprema de Justicia. De esta 
manera el juez letrado no era juzgado por un majistrado 
de igualjerarquia, sino por tribunales superiores que, mas 
bien que para el juez procesado, eran una garantia de 
mayor acierto i de mas imparcialidad para el acusado. 
Entretanto, si se trataba de liacer efectiva la responsa- 
bipdad de'un miembro de las Cortes de Apelacion o de la 
Suprema, la querella se llevaba, como en un caso comun 
i ordinario, al juez letrado respectivo. 
Este procedimiento anomalo era, sin embargo, el vi- 
- jente. 
El articulo 3.° de las disposiciones transitorias de la 
Constitucion, dispuso que mientras no se dictate la lei de 
Organizacion de Tribunales i Juzgados, subsisdera el ac- 
tual drden de administracion de justicia. Asi es que para 
saber ante quien podian deducirse las acusaciones contra 
los jueces por los delitos de coheclio, prevaricacion o tor- 
cida administracion de justicia, era necesario recurrir a 
las leyes en vigor en 1833. 
El articulo 24 del Reglamento de Administracion de 
Justicia designo por regia jeneral a los jueces de letras 
como competentes para conocer i fallar las causas civiles 
i criminales de mayor cuantia, i el articulo 34 prescribio 
que la primera instancia de los juicios en que fueren par- 
te los ministros de los tribunales superiores, alcaldes or- 
dinaries, etc., corresponds a los jueces de primera instan- 
cia. El articulo 54 atribuyo a las Cortes de Apelacion el 
conocimiento en segunda instancia de las causas civiles 
i criminales deferidas en primera a la autoridad a que se 
refiere el articulo 34, estableciendo la exepcion de los 
