ANALES DE DA tJNITERSinAO. — JULTO DE 1878. 
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juicios en que fuesen parte los miembros del Tribunal 
Supremo, de cuya alzada debia conocer la Comision ju- 
diciaria encargada del fallo de los juicios de los indivi- 
duos del tribunal de imprenta. I como este tribunal espe- 
cial jamds se constituyd, el articulo 11 de lasadiciones del 
mencionado reglamento lleno este yacio por medio de la 
siguiente prescripcion: «No estando nombrada la Comi- 
sion judiciaria para las causas de los indivicluos del tri- 
bunal de imprenta que, conforme al numero l.° del arti- 
culo 54 debe conocer en los negocios en que fueren par- 
te los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, la Cor- 
te de Apelaciones conocerd por ahora en segundainstancia 
de los negocios en que fuere parte alguno de dicbos mi- 
nistros.)) 
De manera que toda acusacion que por alguno de los 
delitos previstos en el articulo 111 de la Carta fundamen- 
tal, se entablase contra algun miembro de los tribunales 
superiores, conocia en primera instancia el juez letrado, i 
en segunda la Corte de Apelaciones si se trataba de un mi- 
nistro de la Corte Suprema, o este tribunal si la querella 
era contra algun miembro de aquella. 
La irregularidad no podia ser mas remarcable. 
El juez letrado quedaba sometido en primera i segun- 
da instancia a los tribunales superiores, solemnidad i ga- 
rantia debidas a la naturaleza del juicio i a la confianza 
que debia inspirarse al acusador; i a un majistrado de 
cualesquiera de las Cortes se llevaba ante su inferior en je- 
rarquia, como si se tratase de un reo comun. Esto, inde- 
pendientemente de consideraciones de otro orden, debi- 
litaba, por lo menos, la fe que el querellante debia tener 
en el juez llamado a procesar a su superior. 
La lei de 1875 vino a correjir esto vicioso sistema de 
enjuiciamiento. 
Segun ella, los jueces letrados quedan sujetos, como ya 
lo estaban, ala jurisdiccion en primera instancia de la 
Corte de Apelaciones, i de la Suprema en segunda, en los 
casos de acusacion o demanda civil para bacer efectiva la 
responsabilidad criminal o civil resultante del ejercicio de 
