AN ALES DE LA UNIVERSIDAD. — JULIO DE 1885. 447 
recen justificados en este proceso, o lo que es lo mismo, sobre la 
conviccion que ellos debieron producir eu ei dnimo de los jueces, 
ha hablado ya el Fiscal. Una circunstancia ocurre aqul mni dig- 
na de consideracion, i es que todos los funcionarios que ban sido 
llamados a dar su dict&men sobre el mdrito de este proceso han 
opinado, sin excepcion, que el delito esta plenamente probado: el 
juez Fiscal en la primera instancia; los siete individuos que com- 
pusieron el consejo de guerra; el Auditor de guerra; el Fiscal de 
la Corte Marcial i ei Fiscal de esta Suprema Corte. Los mismos 
majistrados de la Corte Marcial han encontrado delito, pues su 
sentencia es penal i lo supone: partiendo del principio de que en su 
concepto los reos son delincuentes, no pueden haber formado esta 
opinion sino por el mdrito de los autos; luego han debido senten- 
ciar con arreglo al mdrito de ellos. Por otra parte, cualquiera que 
sea el grado de certeza que, segun los jueces, ministre esa prueba, 
desde el ruomento que conceptuaron alguna criminalidad, debieron 
aplicar la pena correspondiente i atendida la lei: la que han dis- 
puesto en su sentencia no es la que corresponde ni aun al menor 
grado de complicidad en una conspiracion donde la Ordenanza 
quiere que se castigue con pena de muerte hasta al sabedor que 
denuncid, si no lo hizo en el primer momento que pudo». 
En consecuencia, por no haber sentenciado a la pena capital, 
sino a la de destierro a los reos, el Fiscal pide para los jueces de 
la Corte Marcial, las penas contenidas en las ieyes que cita en el 
siguiente ac&pite final de su acusacion: 
«La lei 24 tit. 22 part. 3. a dispone que el juez que juzgare con- 
tra derecho a sabiendas, a mas de los dahos i perjuicios, i de pa- 
gar otro tanto cuanto hizo perder a aquel contra quien did el 
juicio, finque enfamado para siempre e le sea tollido el poderio de 
juzgar. La lei l. a , tit. 7.° part. 2. a dice: «que todo juzgador que da 
juicio a sabiendas contra derecho, face falsedad®, i la lei 6. a del 
mismo titulo ordeoa que «el que hubiere cometido esta falsedad, 
sea desterrado para siempre en alguna isla». El art. 29 tit. 5.® 
tratado 8.° de la Ordenanza previene: «que los jueces militares de- 
ben votar con arreglo a la misma Ordenanza, segun su concien- 
cia i honor, sin aflojar ni agravar su voto, ni disminuir por suavi- 
dad la fuerza de las leyes militares, i que si contravinieren a su 
observancia queden privados de sus empleos. El Fiscal, con sumo 
sentimiento, i curnpliendo con el indispensable deber de su minis- 
terio, se vd obligado a acusar a estas penas (a excepcion de las 
pecuniarias que no tienen lugar en el caso presente, como tampoco 
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