ANALES DE LA UNI VEKSID AD. —JULIO DE 1885. 
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<i bajar en obras publioas de una provincia, bien sea por el Capitan 
« Jeneral de ella, o por el Consejo de Guerra de oficiales del cuer- 
a po de que fuere el criminal, corresponde seiialar el paraje donde 
(i debe cumplir la condena al Capitan o Comandante Jeneral de la 
« provincia, pasando el aviso conveniente al Intendente de aquel 
« ejercito para que se asista como los demas de su clase». Hd aqui, 
pues, l.° que solo habla la lei con los destinados a trabajos forzados 
eu obras publicas de alguna provincial 2.° que no comprende a los 
juzgados en Consejos de Oficiales Jenerales; 3.° que la Corte Mar- 
tial fue erijida con el objeto de subrogar al Capitan Jeneral en la 
aprobacion de sentencias i cuanto tiene relation con el 6rden judi- 
cial militar. 
«No ha sido mi animo poner a la vista los fundamentos de la 
sentencia por que se nos acusa, i de propdsito he omitido impug- 
nar las consecuencias que el senor Fiscal deduce de ella. Hablar 
sobre esto sin dar una idea circunstanciada del proceso seria debi- 
litar el nervio de la justicia; lo haremos, si, cuando llegue el tiem- 
po de nuestra defensa. Entonces con el mismo tenor de las leyes 
24, tit. 22, Part. 3 i l. a , tit. 7, Part. 7, de que extrajo algunas pa- 
labras el senor Fiscal, le manifestardmos que en su conciencia no 
ha debido creer aparentemente justa nuestra acusacion. Por ahora 
me contento con que se vea su inexactitud en la relation de los 
hechos i referencia de las leyes, para que al mdnos se espere oir- 
nos, fintes de formar opinion contra hombres que, aunque sin es- 
trdpito ni ostentacion, han consagrado su vida i se han desvelado, 
sin perdonar sacrificios, por adquirir mediana reputation)). 
El senor Yaldivieso, que asi defendia su propia honra i la de 
bus companeros con todo el vigor del razonamiento i con la sanla 
indignacion de una alma herida por la injusticia, no estaba, sin 
embargo, incurso en la acusacion. Su cualidad de Diputado lo po- 
Dia a salvo de responsabilidad efectiva, midntras que la Camara 
no acordase el desafuero. El Gobierno, empenado en arrastrar a 
todos los jueces de la Corte Martial al banquillo de los acusados, 
solicito con instancia el desaforamiento del senor Yaldivieso i del 
senor Lira (don Pedro), haciendo valer sus poderosas influencias. 
Tambien lo deseaban los dos Diputados, porque, solidarios como 
eran en el supuesto delito de torcida administration de justicia, 
querian correr la misma suerte de sus conjueces. 
Pero la Camara, mejor inspirada que el Ejecutivo, se desenten- 
dio de sus instancias, i en vez de declarar haber lugar a formation 
de causa, reclamd reiteradas veces la asistencia de los dos Diputa- 
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