anales de LA UNIVEKSIDAD. — JULIO DE 1885. 461 
para la imposicion de penas corporales, exije que se presente el 
delito tan claro como la luz del medio dia, i despreciar el precepto 
de la lei 7. a , tit. 31, part. 7. a que prohibe imponer pena corporal 
por sospechas, conjeturas o persuaciones. 
«Ap6uas puede notarse, dice el seiior Fiscal, entre la confesion 
de Arteaga i la declaracion de Maturana, otra diferencia sustan- 
cial que la discrepancia sobre quien fu6 el primero que invito a 
entrar en la conspiracion. Pero, esta es toda la esencia de la cau- 
sa, pues no bai mas cuerpo de delito, ni mas delito que esa invi- 
tacion; i babiendo contradiccion entre los reos i el delator, no 
puede saberse quien fu§ el primero que la bizo. Sin embargo, el 
senor Fiscal halfa certeza moral para hacer caminar al patibulo a 
Arteaga, i dejar a Maturana sin una reconvencion. Cree a Matu- 
rana, i desprecia la excepcion del acusado. jBello principio para 
que un juez proceda con seguridad a imponer a uno de estos dos 
la pena de muerte, sin poder descubrir en el becho cual es el ver- 
dadero delincuente! H6 aqui una nueva jurisprudence; porque la 
que conoeemos por nuestras leyes prohibe condenar con dudas i 
exije una certidumbre verdadera i tal que al juzgador le quede el 
convencimiento que ensena la lei 12, tit. 14, part. 3. a Por eso es 
que los tratadistas previenen que en las causas eriminales la prue- 
ba debe ser plena; i si es de testigos, deben ser mayores de toda 
excepcion i libres de las tacbas que de autos resultan contra Ma- 
turana i Salamanca. Maturana es delator i testigo; es socio en el 
proyecto de conjuracion, segun esponen los reos i segun el relato 
de su propia declaracion. Como delator debio probar su aserto en 
conformidad con lo dispuesto en la lei 5, tit. 13, lib. 2.° de la 
Eecop.; i, revestido de este cardcter, no puede ser testigo. Como 
socio, la lei 21, tit. 16, part. 3. a , le prohibe testificar. Mas para el 
senor Fiscal todas estas son bagatelas; los jueces de la Corte Mar- 
cial son eriminales; merecen la pena de infamia, quedar sin dere- 
cbos para obtener cargos phblicos i concluir sus dias en una isla, 
porque no mandaron ahorcar a los reos». 
Las consideraciones que preceden bastan para dejar justificada 
la conducta de los jueces de la Corte Marcial. En efecto, si es 
principio inconcuso de justicia que la pena ha de ser proporciona- 
da al delito, los jueces no habrian podido condenar a la pena capi- 
tal, esto es, a la mas grave de las penas que puede imponerse a un 
delincuente, a bombres que babian concebido el proyecto de cons- 
pirar, pero que no babian verificado atin ni un solo acto revolucio- 
nario i que, en consecuencia, no eran verdaderos conspiradores. 
