ANALES 1)E LA TJNIVERSIDAD. — AGOSTO DE 1885. 489 
las Camaras, que duro desde el l.° de Febrero de 1837 hasta 
el l.° de Junlo de 1839. Eo sn Meusaje de apei'tura del Con- 
greso de 1839, el Presidente Prieto dio cueata al Coagreso de 
ese movimiento lejislativo eu estos tSrminos: «En la plenitud de 
poderes con que me autorizd la lei de 31 de Enero, crel encontrar 
nna circunstancia de que debla aprovecharme para introducir otras 
reformas importantes en el sistema judical. Un decreto de 2 de 
Febrero tuvo por objeto remediar los abuses que en materia de 
implicaucias i recusaciones reinaban en el foro, i haclan sumamen- 
te morosa i vejatoria la administracion de justicia para los litigan- 
tes de buena fe. Otro decreto de igual fecha, explicado por el del 
11 del mismo mes, prescribe a los jueces la obligacion de fundar 
breve i sumariamente las sentencias. Otro de 2 de Febrero orga- 
niza los Consejos de Guerra permanentes para los delitos politicos, 
a'cuya perpetracion alentaba no poco la lentitud del enjuiciamien- 
to ordinario. El decreto de 8 de Febrero determina el modo de 
proceder en los juicios ejecutivos, restableciendo i adicionando en 
esta parte las leyes existentes, cuyo olvido i viciosa interpretacion 
habla despojado a aquellos juicios de la saiudable prontitud i vigor 
que esencialmente les pertenece. Finalmente, omitiendo otras me- 
didas lejislativas de menor importan.cia, el decreto de l.° de Marzo 
da a los recursos de nulidad reglas precisas que quitan a la mali- 
cia i al fraude uno de los rnedios de que se vallan a menudo para 
prolongar los pleitos, retardando el cumplimiento de las obligacio- 
nes mas claras i fundadasj). 
Asl, pues, el gobierno de Prieto se revistid en estas circunstan- 
cias de facultades de lejislador, en virtud de la extension de auto- 
ridad que le fu6 concedida por lei de 31 de Enero. Parece induda- 
ble, sin embargo, que no fu6 esta la mente del Congreso. Las 
facultades extraordinarias tenlan por objeto facilitar al Gobierno 
los rnedios de obrar con expedicion i enerjla en lo concerniente a 
la guerra declarada a la Confederacion Peru-boliviana, pues no 
habla motivo alguno para que el Congreso se despojase de sus 
atribuciones constitucionales en orden a la revision i discusion de 
las leyes. Por utiles que fuesen las disposiciones dictadas por el 
Gobierno para el rejimen civil de la nacion, niuguua de ellas era 
reclarnada por premiosas necesidades del momento. Siendo asl, es 
evidentc que esas disposiciones no podlan revestir el caracter de 
verdaderas leyes, mi^ntras que el Congreso no las sancionase. 
Terminada la guerra, quiso el sefior Valdivieso correjir esta 
irregularidad, pidiendo que todas las disposiciones dictadas por el 
