862 
ME MORI AS CIENTIF1CAS I LITERARIAS. 
por las tiltimas invasiones de los barbaros, para lo cual creia insu- 
ficiente el producto de la Bula de Cruzada; «i mucho mas ahora, 
agrego, en que el indulto esta para terminar i el Gobierno en la 
determination de negarle el pasej) (1). 
El diputado repuso que uo bacla objeclou a la partida; pero que 
juzgaba indispensable haeer investigacioa sobre la inversion de 
las entradas de las Bulas, «pues columbraba algo mas de lo que 
parecla, i era necesario tomar medidas para tranquilizar a algunos 
espi'ritus asustadizos». Agreg6 que sospechaba que el senor Arzo- 
bispo hubiese violado algunos articulos de la Constitucion, sospe- 
cha que debia ser conveniente aclarada. Otro diputado uu poco 
mas franco i menos comedido apoyo la indicacion, «i manifesto 
que juzgaba no se habia dado una cuenta exacta de los fondos ob- 
tenidos por la Bula ni que tampoco podia creerse desde luego que 
se les habfa invertido en el objeto para que estaban destinados®. 
Aunque la indicaeion fu6 rechazada por veintidos votes contra 
diez i siete, la honra del senor Yaldivieso habia sido enlodada con 
las simples sospechas de dilapidacion i mala inversion, lanzadas a 
la publicidad desde uno de los mas altos cuerpos del Estado. Diez 
i siete diputados habiau creido probable la existencia de un fraude 
i opinaban por la fiscalizacion de la conducta del Prelado. 
Notese desde luego que la Camara excedia la orbita de sus atri- 
buciones naturales al constituirse en juez de la conducta del 
Prelado en el ejercicio de sus fuuciones eclesidsticas. El acto 
de invertir las limosnas emanadas del privilejio de Cruzada no era 
una funcion politica, ni administrative., ni otra alguna del orden 
civil: aquella funcion emanaba de delegacion pontificia i tenia por • 
objeto la dispensa de un precepto eclesiastico en virtud de la ero- I 
gacion voluntaria de uua limosna; i en consecueucia, su ejercicio 
no podia estar sometido a la fiscalizacion de las autoridades tern- | 
porales del Estado. Esta injerencia de la Camara no podia justifi- ( 
carse ni aun invocando el pretendido derecho de patronato, por que |j 
el ejercicio de este derecho, caso que existiese, no corresponderia M 
a la Camara, sino al Presidente de la Bepublica; i porque el patro- | 
(1) Al oir esta afirmacion del senor Ministro, cualquiera liabria podido imaji- I 
narse que el indulto de Cruzada era una gracia concedida por el Supremo Gobier- 
no o cuya eficacia derivase de la autoridad civil. Mas, siendo puramente espiri- 
tuales los privilejios de las Bulas, solo a la Iglesia cpie los concede toca hacerlos 
cesar cuando le plazca. La denegacion del exequatur por parte del Gobierno no 
invalida los aetos de la potestad soberana espiritual de la Iglesia. De consiguien- 
te, si el Papa prorogase el indulto de Cruzada, como lo ha hecho benignamente, 
los fieles de Chile pod ran aprovccharlo con o sin el qiase gubernativo. 
