ANALES DE LA UNIT ER8IDAD. — SETlKMBRE DE 1885. 907 
te que solo a la Iglesia correspondia la facultad de variarlo, en 
virtud del conocido principio de que no se anula una obligacion 
sino por el mismo que la irnpuso, ni se cambia la lei por otro que 
el lejislador que la establecid. 
En vano se objeta, continfia el sefior Valdivieso, que las cosas 
de que se paga el diezmo son temporales, i de consiguiente, sumi- 
nistran ^materia propia de una lei civil; pues discurriendo en 
esta forma, el Estado podria lejislar sobre la materia de los sacra- 
rnentos, que son el pan, el vino, el agua i el oleo, como quiera que 
son de la misma naturaleza de lo que se diezma. «No es la natu- 
raleza de las cosas, sino el fin a que se destinan, lo que determina 
la autoridad a quien corresponde lejislar sobre su uso. Entre los 
cristianos, las cosas temporales que se dedican al culto de Dios i a 
la mantencion de sus ministros se ban considerado siempre como 
segregadas de la propiedad del hombre. I tal ha sido siempre el 
espiritu i terminante disposicion de las leyes civiles». La Iglesia 
debe ser, por una razon de necesidad, libre e independiente en el 
uso de los bienes temporales necesarios para el sostenimiento del 
culto i sus ministros, porque quien tiene derecho a subsistir, lo 
tiene tambien consiguientemente para emplear los medios indis- 
pensables para la subsistencia. La Iglesia, sin esta independence, 
habria sucumbido a poco de nacida, pues los soberanos temporales 
hau pretendido mil veces, en el trascurso de los tiempos, privarla 
de sus bienes i sitiar por hambre a sus pastores i ministros. 
Algunoa han pretendido atribuir a la colectividad de los fieles 
la facultad de restrinjir o anular las imposiciones eclesidsticas. 
Mas, si esto fuese cierto respecto de la Iglesia, lo serfa tambien 
respecto del Estado. i L qud seria de la sociedad civil si los contri- 
buyentes tuviesen derecho para suprimir las contribuciones que se 
les exijen con el objeto de rejir a los pueblos i mantener el ordeu 
pfiblico? ^1 que seria de la Iglesia si quedase al arbitrio de los fie-- 
les negar o conceder las obvenciones para el culto i sus ministros? 
La Constitucion del Estado de Chile ha podido privar al Poder 
Ejecutivo de la facultad de imponer contribuciones, porque el po- 
der emana de la colectividad de los subditos: pero esta traba no 
puede extenderse a la Iglesia, por la mui bbvia consideracion de 
que el poder de la Iglesia no emana de la colectividad de los fie 
les, sino directamente de Dios, i en consecuencia, no puede ser 
restrinjido por el hombre. 
Tampoco el titulo de Patronos con que se honrau algunos Go- 
biernos puede dar derecho para cambiar o anular los preceptos de 
