ANALES DE LA U. — OCTUBRE A DICIEMBRE DE 1885. 923 
jeneral de la Iglesia i es anterior al Edicto episcopal. En las Igle- 
sias rejidas por la disciplina espafiola corao la nuestra, esta obli* 
gacion es aun mas estricta, porque tiene t6rmino prefijado i pena 
canonica especial, como puede verse en San Ligorio i todos los 
moralistas. Cuando el Obispo manda, pues, denunciar a los here- 
jes, nada establece de nuevo por si; solo corrobora con su mandato 
la observancia del precepto de Nuestra Santa Madre Iglesia. Al 
mas ciego secuaz de Barbosa no le ocurrird decir que lasupuesta 
prohibicion hecha al Obispo para mandar hacer denuncias le ato 
las manos para obligar a que observen las que ordena la Iglesia. 
I si no f/habrd qui6u sostenga que solo porque el Obispo anda en 
visita le es prohibido prevenir a los fieles la obligacion de denun- 
ciar a los visitantes? Ergo a pari, aun prescindiendo del Limense. 
«Saliendo del terreno candnico, i colocados en el filosofico, la 
denuncia de los herejes es mil veces mas necesaria abora que en 
tiempo de Santo Toribio: pues entonces era remotisimo el daQo, 
que en nuestros tiempos se presenta probable i casi cierto, que 
puedan causar a la Iglesia los lobos que, con capa de oveja, apa- 
rentan en lo exterior ser catolicos i obran en secreto como enemigos 
del catolicismo. En vida de nuestros abuelos no solo habria sido 
temerario, smo inverosfmil, sospechar que un cat&lico quisiera 
perseguir a la Iglesia, deprimir su autoridad i alejar a los fieles 
del vinculo de union catolica; i hoi vemos que no faltaa quienes 
abriguen tan perverso designio. Cuando no hubiera prueba, el 
lenguaje i el espiritu de los periodistas ofreceria un testimonio 
irrecusable de esta triste verdad. No hai sociedad alguna a quien 
se niegue el derecho de conocer a sus enemigos para no fiarse de 
ellos i para no poner en sus manos su propia suerte. ^Por que ha 
de extraflarse en la Iglesia el uso de esta vital facultad? Al Esta- 
do se dana con las armas, i a la verdadera f6 con el error; i as! 
como aquel obliga a delatar a los conspiradores armados, la Igle- 
sia puede igualmente hacer lo propio con los pervertidores de la 
Sana doctriua. Hai, sin embargo, una diferencia notable, i es que 
el Estado manda descubrir a un conspirador para castigarlo, i la 
Iglesia solo lo hace para amonestarlo i para salvarlo, si quiere oir 
su voz; i si no la escucha, para precaver su contajio. Cuando llega 
a imponer penas, la mayor que puede f'ulminar es la separacion 
de su gremio, i el hereje se la ha impuesto a si misrno desde que 
abandona a su antigua i tierna madre. Es preciso tener presente 
que las denuncias que se mandan hacer no son ni pueden ser con 
respecto a los de relijion extrafia, sino a los que se intitulan catd- 
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