ANALES DE LA U. — -OCTUBRE A DICIEMBRE DE 1885. 991 
vas, porque en ninguna parte de la Constitucion se concede a los 
tribunales esta facultad, i no paede decirse respecto de los pode- 
res constitucionales que lo qae no les esta prohibido se entiende 
permitido, sino, al contrario, que lo que expresamente no estd con- 
cedido se entiende prohibido. Desde que la Constitucion ha deter- 
minado que de las causas administrativas conozcan otras autori- 
dades, han quedado sin aplicacion las leyes espafiolas que sometfan 
estas causas al conocimiento de las Audiencias i Consejos, pues 
de otra manera habrfa insubsanable confusion de poderes. Mani- 
fiesta de una manera que no deja lugar a replica que ninguna de 
las leyes citadas por el Gobierno en apoyo de la competeucia del 
Tribunal era aplicable al caso cuestionado, pues todas ellas se re- 
fieren al caso en que las censuras ataquen la jurisdiccion real o 
infieran danos temporal es a los pueblos; i aunque hubiese alguna 
lei que prohibiese a los Obispos imponer censuras a sdbditos re- 
beldes, esa lei no podrla tener fuerza para cambiar la constitucion 
divina de la Iglesia que les conflere esa facultad, porque todo po- 
der humano esta subordinado al poder divino; «i si carecen'a de 
fuerza obligatoria la lei que se dictara contra la Constitucion del 
Estado, porque el. poder lejislador estd subordinado a la Consti- 
tucion, ,icon cuanta mas razon deberla suceder lo propio con las 
leyes que se opusiesen a la constitucion divina de la Iglesia?)) 
Demuestra, ademas, con abundant acopio de solidos argumen- 
ts, que el asunto que mntivb el recurso de fuerza fue puramente 
espiritual, porque lo eran la desobediencia de los canonigos, que 
viol6 la sumision relijiosa que deben a sus Prelados, i el medio 
compulsivo que se uso para someterlos, a saber, la privacion de 
facultades puramente espirituales. 
Mucho deberxamos prolongar esta reseua si intentaramos apun- 
tar todas las consideraciones que hacia el senor Valdivieso en esta 
notabilisima comunicacion. Bastenos decir que, sin dejar en pi§ ni 
uno solo de los arguments con que el Gobierno pretendib justifi- 
car el procedimiento de la Corte, contiene la ultima palabra de la 
debatida cuestion. El Gobierno no contest esta comunicacion 
sino para decir que creia inutil ocuparse en una materia de que 
estaba conociendo el Supremo Tribuual. 
No dudamos que estas notas pasaran a la posteridad como mo- 
delos de pol6mica culta, vigorosa e ilustrada i como testimonio 
irrecusable del taleuto i conocimieutos de los dos hombres emi- 
nentes que la sostuvieron. 
Cuatro veces durante el curso de esta cuestion intentaron los 
