ANALES DE LA U.— OCTTJBRE A DICIBMBRE DE 1885. 1011 
za tiene sino es contra la Suprema Corte. Para equiparar el pro- 
cedimiento del Arzobispo con el de los Prebendados serla necesa- 
rio que la dependencia i subordination que estos deben a su 
Obispo como sacerdotes, fnera la misma que la que debe el Obis- 
po a la Corte Suprema en el ejercicio de sus funciones episcopa- 
tes en materias puramente espirituales. Pero al paso que los sa- 
cerdotes dependen de sus Obispos, estos son independientes de 
las autoridades del Estado en el ejercicio de su ministerio; por 
manera que falta la analojla en que pretende el Tribunal fundar 
su inculpacion 
En cuanto a la parte dispositiva de la sentencia, notaba el senor 
Valdivieso que lo que el Tribunal llama exorto , no es sino una 
verdadera sentencia definitiva, porque en lugar de contener una 
simple exitaeion, envuelve una irrevocable condenacion a la pena 
de expatriacion i coufiscacion de bienes, si dentro de tercero dia 
no alzaba el Prelado la suspension impuesta a los canbnigos. No- 
taba ademas que ninguna de las leyes de las cuales deduce el tri- 
bunal las peuas con que conmina al Prelado son aplicables al caso 
presente; i que sobre ser arbitraria la pena, hubo infraccion de la 
forma establecida por las antiguas leyes, pues la lei 143, tit. 15, 
lib. 2 de Indias, ordena que solo en casos extraordinarios se pro- 
ceda contra los Obispos con apremios, i entbnces, despues de dada 
la cuarta carta , se despache la provision de secuestro, debibndose, 
antes de ejecutarla, usar delos medios de cordura i prudencia que 
conviene en casos de esta naturaleza. El Tribunal omitib la obser- 
vance de esta lei precautoria de los abusos de autoridad, pues no 
librb exorto sino sentencia, ni hizo los cuatro exortos, ni obro 
con la prudencia que prescribla la lei. 
La sentencia de la Corte envoi via, por otra parte, violaciones 
evidentes de las garantlas constitucionales. Nraestra lei orgdnica 
ha abolido la pena barbara de confiscacion de bienes que estable- 
clan las antiguas leyes. «No podra, dice el artlculo 145, aplicarse 
tormento, ni imponerse en caso alguno la pena de confiscacion de 
bienes.» El artlculo 133 de la misma dice: «Ninguno puede ser 
condenado, sino es juzgado legalmente, i en virtud de una lei pro- 
mulgada aute3 del hecho sobre que recae el juicio.o No existe lei 
alguna en la Republica que obligue a los Prelados eclesiasticos a 
j someterse a las decisiones de los tribunales civiles en el ejercicio 
de sus facultades espirituales; de lo que se inhere que la Corte no 
pudo condenar al senor Valdivieso porque no habla lei que le im- 
pusiese en tal caso el deber de la obediencia. No fue tampoco juzga- 
